viernes, 3 de julio de 2026

Detectan daño superior a los S/ 145 mil en SAT Ica por pago irregular de escolaridad

 


Entregaron monto equivalente a una remuneración, cuando debió otorgarse como máximo S/ 400

 La Contraloría General de la República (CGR) detectó perjuicio económico por S/ 145 635 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Ica como consecuencia del abono por escolaridad equivalente a una remuneración íntegra a funcionarios y servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, cuando la normativa vigente señalaba que como máximo se le debe depositar S/ 400.

Según el Informe de Control Específico n.° 014-2026-2-0406-SCE, cuyo periodo de e-valuación abarcó del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2024, señala que la entidad sustentó el pago en exceso a través de una resolución de gerencia emitida en el año 2008 que sustenta una supuesta costumbre laboral y que, además, la entidad no está sujeta a normas de austeridad. Sin embargo, dichos fundamentos carecen de validez jurídica para autorizar beneficios económicos superiores a los límites legales establecidos.

La normativa presupuestal vigente para los años evaluados estableció de manera expresa que la bonificación por escolaridad debe otorgarse hasta por un máximo de S/ 400 y que cualquier incremento solo puede aprobarse mediante una norma con rango de ley o decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no ocurrió en este caso.

Asimismo, se evidenció que el SAT Ica está sujeto a las reglas de control del gasto público y que no contaba con dispositivo legal que justificara el pago de montos superiores. Pese a ello, sus funcionarios tramitaron modificaciones presu-puestarias, certificaciones de crédito y planillas que permitieron efectuar desembolsos irregulares.

En este caso, se ha identificado a 10 personas, entre funcionarios y servidores, con presunta responsabilidad administrativa y civil.

El informe de control específico fue remitido al titular del SAT Ica para el deslinde de responsabilidades correspondientes, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, a fin de que inicie las acciones legales pertinentes.

 

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