Por: Ed. Dr. Claudia Viveros Lorenzo
En los últimos años, México ha
transitado por un fenómeno comunicativo complejo y profundamente preocupante:
la consolidación de una narrativa política basada en la posverdad. No se trata
únicamente de propaganda —que ha existido siempre en los gobiernos— sino de
algo más sofisticado y peligroso: la construcción sistemática de realidades
paralelas donde la emoción sustituye al dato, la percepción desplaza a la
evidencia y la repetición convierte una afirmación en verdad socialmente
aceptada.
El concepto de postverdad no implica
necesariamente mentir de forma directa. Su esencia radica en seleccionar,
reinterpretar o amplificar fragmentos de la realidad hasta moldear una versión
emocionalmente eficaz para la opinión pública. En este escenario, lo importante
no es si algo ocurrió exactamente así, sino si logra reforzar una identidad
política, alimentar una narrativa moral o consolidar una base de apoyo.
El Estado mexicano ha aprendido —con
notable habilidad comunicativa— que gobernar también significa narrar. Las
conferencias matutinas, los discursos presidenciales y la comunicación
institucional han dejado de ser meros ejercicios informativos para convertirse
en escenarios permanentes de construcción simbólica. Cada día se define quién
representa “al pueblo” y quién encarna a “los adversarios”. La política se
simplifica en una dicotomía emocional que facilita la adhesión colectiva.
Esta estrategia no es exclusiva de
México; forma parte de una tendencia global donde líderes políticos comprenden
que, en la era digital, la legitimidad ya no depende únicamente de resultados
tangibles, sino de la capacidad para controlar el relato público. Las redes
sociales han acelerado este proceso: el algoritmo premia la indignación, la
polarización y las narrativas simples. En consecuencia, el debate público
pierde matices y gana intensidad emocional.
La postverdad funciona porque conecta
con necesidades humanas profundas: pertenencia, identidad y certeza. Ante
contextos de desigualdad, inseguridad o incertidumbre económica, las sociedades
buscan relatos que expliquen su realidad de manera clara, aunque no
necesariamente compleja. El Estado, consciente de ello, utiliza un lenguaje
cercano, moralizante y reiterativo que transforma la comunicación política en
un ejercicio pedagógico emocional.
El riesgo aparece cuando el discurso
sustituye al análisis crítico. Cuando cuestionar una narrativa gubernamental se
interpreta como traición ideológica y no como ejercicio democrático. La
democracia no se fortalece con unanimidades emocionales, sino con discrepancias
informadas. Sin embargo, la lógica de la posverdad convierte al disenso en
sospecha y al debate en confrontación.
Observamos entonces un fenómeno
inquietante: la verdad deja de ser verificable y se vuelve identitaria. Los
ciudadanos no evalúan información por su evidencia, sino por quién la emite.
Así, la confianza institucional se redefine no por la transparencia, sino por
la afinidad política. El resultado es una sociedad fragmentada en burbujas
narrativas donde cada grupo habita su propia versión del país.
Como académica de la comunicación,
considero que el mayor desafío no reside únicamente en el gobierno, sino en
nuestra alfabetización mediática como sociedad. La posverdad prospera cuando
renunciamos al pensamiento crítico, cuando compartimos información sin
verificarla o cuando preferimos aquello que confirma nuestras creencias antes
que aquello que las cuestiona.
México enfrenta una paradoja histórica:
nunca habíamos tenido tanto acceso a información y, al mismo tiempo, nunca
había sido tan difícil distinguir entre realidad, interpretación y propaganda.
El ciudadano contemporáneo debe convertirse en un lector crítico del poder,
independientemente de la ideología que gobierne.
Porque la postverdad no pertenece a un
partido ni a un sexenio; es una tentación permanente del poder político. Hoy
puede utilizarla un gobierno que se autodenomina cercano al pueblo; mañana
podría emplearla cualquier otro con fines distintos. La verdadera defensa
democrática no es elegir entre narrativas oficiales, sino exigir evidencia,
rendición de cuentas y pluralidad informativa.
La democracia comienza cuando dejamos de
consumir discursos como certezas y empezamos a analizarlos como construcciones
políticas. Solo entonces el ciudadano deja de ser audiencia y recupera su papel
esencial: el de vigilante crítico del Estado.
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