El Primer
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial titular
Fernando Paul Catacora Pamo, logró a través del recurso de apelación que la
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica
revoque la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Ica, que en primera instancia había declarado fundado en parte
el requerimiento de prisión preventiva contra lo integrante presunta
organización criminal denominada “Los Acelerados del Sur”.
Los investigados vienen siendo procesados por la
presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otros, vinculados a
presuntas irregularidades en los trámites para la obtención de licencias de
conducir en la región.
En ese sentido, la Sala dispuso revocar la medida de
comparecencia con restricciones y ordenar prisión preventiva contra los
exdirectores regionales de Transportes de Ica Kenia Dongo, Martín Núñez y Carlos Uribe, así como contra María Aparcana,
jefa de Licencias; Solanyela Ramos, jefa de Trámite Documentario; y Antonio
García, evaluador de manejo.
No obstante, debido a que algunos de los investigados
superan los 65 años de edad, el colegiado dispuso que la medida cautelar sea
sustituida por detención domiciliaria.
La misma medida fue aplicada para Romero Castillo y
Fany García.
Asimismo, la Sala confirmó la prisión preventiva contra Juan Neira, del
centro de evaluación; Karina Jiménez, Antonio Oliveros, Pilar Yerén, Rómulo
Flores, Alberto Vara, Karina Ramírez y Elena Centeno, quienes deberán ser
ubicados por la Policía Nacional del Perú para cumplir el mandato judicial.
Entre los investigados también figuran la abogada
iqueña N. Monzón y el actual regidor del
distrito de Los Aquijes M. Malqui.
La decisión judicial se emitió, luego de que el
Ministerio Público a través de la instancia superior competente, sustentara el
recurso impugnatorio presentado ante la Sala Penal de Apelaciones, en el cual
se sustentaron los presupuestos mate-riales de la prisión preventiva, entre
ellos la existencia de graves y fundados elementos de convicción, la posible
imposición de una pena superior a cinco años, así como el peligro de fuga y de
obstaculización de la investigación, además de la proporcionalidad de la
medida.
Con resolución de fecha 12 de marzo de 2026, la Primera
Sala Penal de Apelaciones dispuso la imposición de la medida coercitiva y
ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de varios exfuncionarios de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica y particulares involucrados
en los presuntos trámites irregulares de licencias de conducir.
Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su
compromiso de continuar combatiendo firmemente los actos de corrupción, en
defensa de la legalidad y de los intereses del Estado.
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