Incorporación fue sin concurso público y sin cumplir requisitos mínimos
La Contraloría
General de la República - CGR detectó que en el año 2023 funcionarios y
servidores del Hospital Regional de Ica realizaron 89 contrataciones para
ocupar plazas de personal asistencial y administrativo; sin realizarse el
concurso público de mérito exigido por la normativa vigente y, en varios casos,
sin que se garantice que cumplan con los requisitos mínimos para ocupar el
puesto, entre otras irregularidades que afectaron la igualdad de oportunidades
para el acceso al empleo público.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 006-2025-2-4829-AC
(periodo de evaluación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023) se señala que
con el argumento de garantizar el acceso a la salud a sus pacientes, dichos
funcionarios y servidores ordenaron y formalizaron la contratación de 74
profesionales (doctores, enfermeras, asistentes administrativos, entre otros)
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276 sin que se tuviera en
la mayoría de veces el requerimiento formal de tal necesidad de personal y sin
el respectivo concurso público para acceder al puesto.
Se emplearon para ello plazas que no estaban aprobadas
en el cuadro de asignación del personal (CAP) ni en el presupuesto analítico
de personal de la entidad. Es más, se incluyeron puestos que estaban destinados
al programa de residentado médico, cargos a los que solo pueden acceder
profesionales que están llevando una segunda especialización. Del mismo modo,
se incorporó sin concurso previo a 15 servidores bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo n.° 1057 (CAS) sin que la entidad especifique el perfil
profesional que debían tener y sin formalizar previamente su contrato.
Se advirtió además que varios contratados no
acreditaron de forma integral los requisitos para el puesto al que accedieron,
como especializaciones o experiencia laboral. En ciertos casos presentaron
documentación falsa. Por último, vale indicar que se identificó que doce
funcionarios de la entidad tendrían presunta responsabilidad penal y
administrativa por estas contrataciones irregulares.
El resultado de este informe de auditoría de cumplimiento fue comunicado al titular de la entidad para que realice el deslinde de responsabilidades y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales que correspondan.
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