Un total de 27 personas fueron sentenciadas
por actos vandálicos durante las protestas registradas en el país, gracias a
las acciones desarrolladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter).
En el ejercicio
de la defensa jurídica del Estado, dicha procuraduría logró que el Poder
Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al
funcionamiento de los servicios públicos.
Estas personas
fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta
región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los
tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto
superior a los S/ 50 000.
En estos casos
no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las
evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada,
logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.
Igualmente, la
entidad adscrita al Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados
por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión
preventiva, entre uno y 18 meses,
mientras son investigados.
Las
investigaciones que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos
ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
Hay que indicar,
en este contexto, que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra
el Orden Público, perteneciente al Mininter, ejecuta una labor preventiva en
las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los
últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la
Policía.
Asimismo,
realiza acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las
manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus
movilizaciones.
También tienen a
su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceden a la respectiva
visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante del Ministerio
Público la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.
La citada
procuraduría reafirma su compromiso de perseguir el delito y que los actos
violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y
privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso.
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