TRAS SUPERVISIÓN A 15 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, SE ENCONTRÓ QUE OCHO NO INFORMARON SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
PARA LA MATRÍCULA
La
oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica demandó a la Dirección Regional
de Educación y a las unidades de gestión educativa local (UGEL) que dispongan
las medidas necesarias para garantizar el acceso a la matrícula escolar de
niñas, niños y adolescentes priorizando el uso de medios digitales o remotos, a
fin de proteger la salud de las familias, así como del personal que labora en
las instituciones educativas ante el avance del COVID-19.
La recomendación fue efectuada tras
supervisar 15 colegios públicos de la región para inspeccionar el desarrollo
del proceso de matrícula escolar e identificar que ocho instituciones
educativas no consignaron ningún aviso sobre el procedimiento a seguir para la
matrícula, ni un número celular o correo electrónico donde madres y padres de
familia o apoderados puedan acceder para matricular a sus hijas e hijos. En las
siete instituciones educativas en que sí hubo avisos tampoco había datos
completos.
Al respecto, la institución recordó que
teniendo en cuenta que Huancavelica ha sido calificada en el nivel de alerta
“extremo” por parte del Gobierno, es necesario que las instituciones educativas
prioricen el proceso de matrícula no presencial y que promuevan la utilización
de mecanismos virtuales e informen adecuadamente sobre los mismos.
No obstante, señaló que se debe considerar la
realidad de aquellos colegios ubicados en zonas alejadas de la región donde el acceso
al internet es deficiente o inexistente. Para esos casos, la oficina de la
Defensoría del Pueblo en Huancavelica planteó que se cumpla con implementar
horarios de atención diferenciados por grado o por nivel educativo, pero bajo
estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
En ese sentido, la institución recordó que el
acceso a la educación debe darse en igualdad de condiciones y sin
discriminación. Por eso, hizo un llamado a la Dirección Regional de Educación y
a las UGEL para supervisar que las instituciones educativas públicas no
efectúen cobros, requerimientos ni condicionamientos de ningún tipo y que no se
pida a las familias documentos y requisitos no establecidos en las normas.
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