CORRUPCIÓN
E INCONDUCTA FUNCIONAL GENERAN PÉRDIDAS POR MÁS DE S/ 23 MIL MILLONES
PRINCIPALMENTE EN SECTORES DE TRANSPORTES, SALUD Y EDUCACIÓN

Fue durante la presentación del estudio
“Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú”
elaborado por la Contraloría General que hizo una aproximación cuantitativa a
partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior
emitidos a nivel nacional durante el 2019, que fue extrapolado (calculado) al
universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
El año pasado se emitieron más de 1400
informes de con-trol posterior y se identificó un perjuicio económico superior
a 921 millones de soles, pero eso no es todo lo que se habría perdido debido a
que el control es selectivo.
De acuerdo a dicho estudio, los sectores
donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en
los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación
(15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de 156
mil millones de soles.
Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio
económico se registraría en Lima (S/ 10 359 millones), seguido inmediatamente
por el Callao (S/ 1132 millones), Piura (S/ 1039 millones), Arequipa (S/ 966 millones),
Áncash (S/ 804 millones), Cusco (S/ 768 millones), Junín (S/ 712 millones), entre
otros.
Por nivel de gasto, el mayor perjuicio se
registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13 670 737 714 (debido a que
concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel
subnacional es de S/ 9 626 298 968. Sin embargo, en términos de proporción, la
mayor pérdida económica está en los gobiernos subnacionales del Callao (25%),
Pasco (20%), Ucayali (18%), Huancavelica (18.5%) y Arequipa (18.2%), señaló el
contralor general du-rante conferencia de prensa.
“Este cálculo, producto de una extrapolación,
es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas
generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una
actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer
su magnitud y de esa manera tomar decisiones”, explicó Shack quien adelantó que
en el mes de octubre se realizará un megaoperativo de control en el Callao y
las otras regiones mencionadas.
A fin de contribuir a solucionar este
problema en la administración pública, que se con-centra principalmente en la
ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la
República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el
triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas
y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma
política y del sistema de justicia.
SUPERVISION A REGULADORES
De otro lado, el contralor general anunció
que en el mes octubre se iniciará un operativo de supervisión a los organismos
reguladores, supervisores y fiscalizadores del Estado, con el propósito de
identificar posibles
hechos o situaciones adversas en su labor,
con el fin de emitir alertar y contribuir a mejorar los servicios públicos.
Para ello, se ha elaborado una estrategia que
realizará la supervisión a la función reguladora, las funciones de supervisión
y fiscalización, y la atención a usuarios y reclamos.
Entre los organismos que serán supervisados
figuran Osinergmin, Sunass, Osce, así como la Autoridad del Transporte Urbano
(ATU), Indecopi, OEFA, Osce, Osiptel, Ositrán, Sunafil, Sunarp, Sunass,
Susalud, Sutran, Superintendencia del Mercado de Valores y la SBS.
El
contralor señaló que este operativo responde a los reclamos y denuncias
recibidas de ciudadanos que se han sentido desprotegidos frente a presuntos
abusos por parte de empresas que brindan servicios públicos durante a pandemia.
“Se verificará cómo las entidades reguladoras
y supervisoras están haciendo su trabajo, la aplicación de sanciones y la forma
en que atienden los reclamos de los ciudadanos o usuarios. Asimismo, que viene
ocurriendo con el cumplimiento de la regulación de las distintas entidades, lo
referido a la regulación tarifaria y que está pasando con los temas arbitrales.
Hay muchas denuncias sobre cobros excesivos en energía eléctrica y agua
potable”, indicó el contralor.
DECLARACIONES JURADAS
El contralor general anunció la próxima
presentación de un proyecto de ley para crear un sistema único que integre la
presentación de las declaraciones de bienes, ingresos y rentas, y las
declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses.
Señaló que se ha observado un bajo nivel de
cumplimiento de las entidades que deben re-portar a los funcionarios sujetos a
la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, que
para la Contraloría son importantes para realizar su labor de fiscalización. En
el 2019, de las 3631 obligadas a reportar, solo lo hicieron 622 entidades (17%)
por lo que el incumplimiento que se observa será materia de supervisión.
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