Operativo
de control detectó medicamentos vencidos, carencia de equipos de protección
personal, entre otros problemas
Faltan
equipos médicos e implementos de bioseguridad para atender casos de COVID-19 en
establecimientos penitenciarios
La
Contraloría General de la República desplegó a 155 auditores durante la
inspección de 31 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, como parte
de su “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, y comprobó
que en más de 20 penales no se contaba con equipos médicos en sus ambientes de
salud para atender los casos por COVID-19 entre los internos y afrontar la
expansión de la enfermedad.
El operativo consistió en inspeccionar 31 de
los 68 establecimientos penitenciarios que existen en todas las regiones del
Perú para verificar la implementación de medidas de bioseguridad a fin de
reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19; la gestión y
manejo de los residuos sólidos en estos lugares; y la gestión sanitaria y
capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus en el primer nivel de
atención.
Como resultado de esta inspección se
emitieron 93 informes de control, en las cuales se detectaron 306 situaciones
adversas, de las cuales el 52% (157) están relacionadas a gestión sanitaria al
interior de los penales, 27% (84) a la gestión de residuos sólidos y 21% (65) a
la implementación de medidas de bioseguridad.
A nivel regional, la mayor cantidad de
situaciones adversas se registraron en los establecimientos penitenciarios de
Lima y Callao con 60, seguido de 25 situaciones adversas detectadas en penales
de Puno, San Martín con 20, Lambayeque con 17, Arequipa con 15, Junín y
Huancavelica con 14 cada una, Ica con 12, Tumbes y Cusco con 11 cada una, y
Piura, La Libertad y Ayacucho con diez cada una.
Deficiencias
en gestión sanitaria
Como se puede ver en los informes de visita
de control emitidos y publicados en la web de la CGR, del total de hechos
identificados en materia de gestión sanitaria se pudo verificar que 21
establecimientos penitenciarios tienen sus respectivos establecimientos de
salud sin equipamiento médico adecuado, tales como coches de paro cardiaco,
desfibriladores, entre otros, lo que genera el riesgo de afectar la calidad de la
atención a la población penitenciaria.
Otro
hecho fue que en 15 establecimientos penitenciarios había un desabastecimiento
de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la población
penitenciaria, incluido el COVID-19, lo que puede afectar la ejecución oportuna
de las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria frente al contagio
del coronavirus. En dos establecimientos penitenciarios se vio que sus áreas de
farmacia tenían medicamentos y/o mascarillas N95 vencidas, lo que genera el riesgo
de propagación de la enfermedad.
Los auditores también detectaron que dos
establecimientos penitenciarios mantenían balones de oxígeno medicinal a la
intemperie y otros estaban en la sala de espera de atención médica. En 17
penales se constató que sus establecimientos de salud no cuentan con transporte
asistido de pacientes mediante ambulancias o éstas no cumplen los
requerimientos mínimos, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los
pacientes.
Asimismo, en nueve establecimientos de salud
de penales, no se cumplen con los parámetros de separación o acondicionamiento
del ambiente para el aislamiento de pacientes con COVID-19, lo que pone en
riesgo la salud del personal y pacientes ante posibles contagios.
En tres establecimientos de salud de penales
no se contaba con implementos de protección de bioseguridad tales como
mascarillas N95, guantes, mandilones, entre otros; en ocho se detectó
insuficiente personal para atención médico; en seis no se realizan actividades
de salud ocupacional y salud ambiental, ni contaban con teléfonos fijos o
móviles; y otros seis no tenían condiciones adecuadas para el acopio de
residuos sólidos.
Riesgos en manejo de residuos sólidos
El operativo de la Contraloría reveló que en
15 establecimientos penitenciarios existe el riesgo de afectación al medio
ambiente y propagación de enfermedades al no cumplirse las condiciones
adecuadas de almacenamiento de residuos sólidos. En cinco establecimientos
penitenciarios no se cuentan con implementos de seguridad y protección personal
para los trabajadores a cargo de la
recolección y transporte de los residuos sólidos, lo que pone en riesgo su
salud.
En otros 25 establecimientos penitenciarios
se genera el riesgo sanitario, ocupacional y ambiental debido a la falta de un
plan o diagnóstico de manejo o reducción de residuos biocontaminados, así como
por la demora en recojo de esos residuos, ya que se efectúa en lapsos mayores a
los establecidos. En una cantidad similar de establecimientos penitenciarios no
se realiza el registro de información en el Sistema para la Gestión de Residuos
Sólidos (SIGERSOL) y no cuentan con un responsable para dicha gestión.
Productos de bioseguridad sin registro
sanitario
De los 31 establecimientos penitenciarios
visitados, se advirtió que en nueve de ellos se genera el riesgo de contagio y
propagación de COVID-19 al recibir productos de bioseguridad que no cuentan con
registro sanitario y/o sin cumplir las características técnicas mínimas
requeridas. Por ejemplo, se encontró alcohol en gel para manos de 4 litros sin
registro sanitario y vencido desde marzo del presente año.
También se verificó que seis de ellos no vienen brindando implementos de
bioseguridad al personal de seguridad y administrativo de los establecimientos
penitenciarios; y en 10 no se están almacenando en condiciones adecuadas,
situación que afecta la integridad y conservación de los mismos,
consecuentemente posible afectación a la protección del personal penitenciario.
Finalmente, en 12 establecimientos
penitenciarios no se vienen distribuyendo los implementos de seguridad de
manera adecuada, al no consignar en los documentos que acreditan la recepción
los datos correspondientes a las personas que recibieron dichos implementos, o
algunos de dichos implementos fueron distribuidos sin efectuar registro de
ingreso al almacén, situación que pone en riesgo el debido control y no permite
garantizar que los implementos sean destinados a la prevención del COVID-19.
Los informes emitidos como parte de la labor
de control realizada por los auditores de la Contraloría fueron notificados a
los Directores de las Oficinas Regionales del INPE para que se adopten las
acciones correctivas que correspondan.
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