En relación a la última Sesión Plenaria del Congreso de
la República, en la que se debatió el pedido del Poder Ejecutivo para la
delegación de facultades legislativas en diversas materias, a fin de atender la
emergencia sanitaria, la Contraloría General saluda la decisión del Poder
Legislativo de preservar la autonomía e independencia del control gubernamental
mediante el ejercicio de sus facultades legislativas.
Si bien es indispensable la expansión del control
concurrente a fin acompañar y verificar las contrataciones de bienes, prestación
de servicios y ejecución de obras públicas, reiteramos que siendo la
Contraloría General un organismo constitucional autónomo, la aprobación de leyes
que regulan el control en todos los niveles de gobierno del Estado corresponde
al Congreso de la República dado que entidades del Poder Ejecutivo, los
Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, serán los principales sujetos de
control.
En esa línea, esta entidad fiscalizadora superior
confía en que la iniciativa multipartidaria consensuada en la Junta de Portavoces
para ampliar la aplicación del control concurrente a todo tipo de
contrataciones públicas, entre ellas, las destinadas a atender la emergencia para
luchar contra el coronavirus, sea debatida y aprobada prontamente.
En tal sentido, el vocero de la Contraloría General,
Armando Canchanya, informó que se ha formalizado a la Junta de Portavoces del
Congreso de la República un pedido para exponer los alcances del proyecto de
ampliación del control concurrente a todas las inversiones públicas y, en
especial, a las inversiones relacionadas a la emergencia nacional, no solo
desde la perspectiva legal, sino el cumplimiento de las normas técnicas
vigentes, así como la adecuada prestación de los servicios públicos.
Sin perjuicio de ello, también informó que, desde la
próxima semana, la Contraloría General iniciará progresivamente el despliegue
de equipos especializados, con protocolos de bioseguridad, para las acciones de
control en el marco de la Emergencia Sanitaria. Y para ello, es preciso contar
con el marco legal del control concurrente que permitirá el mejor despliegue de
las acciones de control hacia los distintos niveles de gobierno (nacional,
regional, provincial y local).
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