SOLICITAMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
APROBAR EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO QUE TIPIFICA CONDUCTAS INFRACTORAS EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Ante la posición asumida por el Tribunal
Constitucional (TC) respecto al pedido de Aclaración de la Sentencia recaída en
el expediente 00020-2015-PE/TC, correspondiente a la demanda de
Inconstitucionalidad vinculada a la facultad sancionadora de la Contraloría
General de la República, se comunica a la opinión pública lo siguiente:
1.Expresamos nuestra preocupación por la
respuesta del Tribunal Constitucional que ha aclarado únicamente dos de las
seis interrogantes planteadas en el pedido respecto a la sentencia, absteniéndose
de emitir pronunciamiento sobre el fondo del principal efecto de su sentencia:
La imposibilidad práctica de procesar y sancionar a los funcionarios y
servidores públicos que han incurrido en infracción administrativa identificada
en nuestros Informes de Control tanto hasta antes de la sentencia, como luego
de emitida la misma.
2.Esta situación, como ya lo habíamos
alertado hace más de tres meses cuando se publicó dicha sentencia, representa
un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional,
generando un manto de impunidad que beneficia a más de 15 mil funcionarios y
servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, y adicionalmente
a los demás funcionarios y servidores públicos que hasta el día de hoy han
incurrido en infracciones administrativas; pues por los efectos de la referida
sentencia, no podrán ser procesados ni sancionados por la Contraloría General,
situación que solo podrá variar si el Congreso de la República aprueba el
Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG presentado por la Contraloría General, en
atención a lo dispuesto a dicha sentencia del pasado 29 de abril de 2019, para
procesar y sancionar las irregularidades funcionales que se realicen a partir
de su entrada en vigencia.
3.Para nuestra entidad, el TC no habría
ponderado los efectos e impactos de los alcances o límites de dicha sentencia,
por lo cual la Contraloría General, a través de sus Órganos Instructores y
Sancionadores, se ve limitada de iniciar Procedimientos Administrativos
Sancionadores (PAS) a cualquier funcionario o servidor público por hechos
ocurridos desde 2016 hasta la fecha, debiendo considerarse adicionalmente a los
más de 5,000 funcionarios o servidores públicos que anualmente en promedio son
identificados como presuntos responsables de infracciones administrativas, en
nuestros Informes de Control.
4.Toda esta situación afecta
significativamente los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control
en el proceso de implementación y fortalecimiento de las instancias a cargo de
la identificación y sanción de actos de inconducta funcional a nivel nacional,
en el marco de la estrategia de descentralización del control gubernamental, y
ha generado que a la fecha casos emblemáticos de inconducta funcional queden en
la impunidad debido a que no se sancionará a los funcionarios involucrados en
casos como: Irregularidades en el Proyecto Especial Chavimochic, Suscripción de
la Adenda al Contrato de Concesión del Aeropuerto de Chinchero, Contrataciones
de la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza del Callao, Construcción de la
Vía Costa Verde del Callao, Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo
en Arequipa, Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena
del Cusco, Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita, entre otros.
5.Finalmente, y reiterando nuestro respeto
al Estado de Derecho y a la respuesta al pedido de aclaración del Tribunal
Constitucional, solicitamos con urgencia al Congreso de la República a que, en
cumplimiento de las normas que regulan los procedimientos parlamentarios,
convoque a un Pleno Extraordinario que pueda debatir y aprobar el Proyecto de
Ley N° 4267-2018-CG, presentado por la Contraloría General de la República que
tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa
funcional en el marco de la potestad sancionadora de esta Entidad Fiscalizadora
Superior, dando fin a esta lamentable situación de impunidad generada.
Lima, 02 de agosto de 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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