La Contraloría General de la República reveló los resultados del
operativo nacional de “Verificación de requisitos e implementación para el
acceso y ejercicio de la función pública”, en el que se evidenció que 46
directivos de libre designación y remoción, pertenecientes al Gobierno Regional
y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento
de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en
la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus
respectivas entidades.
De ese total se identificó que 24 directivos no acreditaron
cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia
establecidos en la mencionada ley y su reglamento, mientras que 30 tampoco
acreditaron cumplir esos mismos requisitos referidos en los documentos de
gestión de la entidad fiscalizada.
Este operativo arrojó que el Gobierno Regional de Ica es la
entidad con más directivos en falta (28), seguido por las municipalidades
provinciales de Palpa (7) y Chincha (6), entre otros.
Vale indicar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del
2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el
acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre
designación y remoción.
En este operativo nacional participaron en Ica 31 auditores
distribuidos en 37 comisiones cuyo resultado fue la emisión del mismo número de
informes. Se intervino en 9 entidades en las que se encuentran el Gobierno
Regional, las municipalidades provinciales de Ica, Pisco, Nasca, Chincha y Palpa;
así como las comunas distritales de Subjantalla, Salas y Parcona.
Los auditores revisaron legajos de 122 directivos de libre
designación y remoción, de los cuales 99 corresponden al segundo nivel
organizacional (Gobierno Regional y municipios) y 23 al tercer nivel
organizacional (Gobierno Regional).
Situaciones adversas
De acuerdo con el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, se
advirtieron 64 situaciones adversas, tales como el hecho de que dos
municipalidades (Nasca y Subjantalla) sobrepasaron el límite del 5% del total
de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza,
lo que no es acorde con la normativa vigente que busca una administración
pública moderna, jerárquica y profesional para la obtención de mayores niveles
de eficiencia en el aparato estatal.
Los auditores alertaron también que, en todas las entidades
intervenidas, excepto la Municipalidad Provincial de Ica, se designó directivos
sin haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la
normativa para la designación de cargos de confianza.
De igual modo, en cuatro no acreditaron la verificación del
cumplimiento de requisitos mínimos para el acceso a la función pública de
directivos. Asimismo, siete entidades no acreditan la revisión de información
contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos y no
actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley
Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan
requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.
En la misma línea, se alertó que todas las entidades intervenidas,
excepto el GORE, no cuentan con procedimientos formales para la designación de
directivos, cinco carecen de procedimientos formales de verificación de
perfiles y son las comunas de Salas, Subjantalla, Chincha, Palpa y Pisco.
Por último, se identificó que en dos entidades se realizó la
contratación de directivos por locación de servicio y en otras dos se advirtió
la designación de funcionarios que no se encontraban habilitados en sus
respectivos colegios profesionales, lo que ocasiona riesgo de carencia de
legalidad en los actos propios de sus funciones.
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