Juzgado de Flagrancia condena a más de doce años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas agravado

 

Sentencia fue emitida en el marco de un proceso por terminación anticipada

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del juez Malvis Verdi Granda Dongo, aprobó el acuerdo de terminación anticipada y condenó a doce años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva a M. Virginia Torres A., como autora del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, previsto en el numeral 4) del primer párrafo del artículo 297, concordante con el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

Los hechos materia de condena ocurrieron el 8 de agosto de 2026, cuando la sentenciada intentó ingresar al Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche, en la ciudad de Ica, con la finalidad de visitar a su pareja. Durante el con-trol de seguridad efectuado en la puerta principal, personal femenino del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtió una actitud sospechosa durante la revisión corporal.

Al efectuarse la inspección correspondiente, se halló, en sus partes íntimas, un paquete que contenía pasta básica de cocaína (PBC), con un peso bruto de 156 gramos. La intervención de personal policial especializado de la AREANDRO y la respectiva prueba de campo confirmaron que se trataba de una sustancia ilícita, configurándose la forma agravada del delito al haberse intentado introducir droga en un establecimiento penitenciario.

Como resultado de las diligencias preliminares, se determinó la responsabilidad penal de la imputada, lo que permitió que el Ministerio Público, la procesada y su defensa técnica arribaran a un acuerdo de terminación anticipada, con la anuencia de la Procuraduría Pública, el cual fue sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional y aprobado en audiencia.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial estableció el pago de S/ 6,000.00 (seis mil soles) por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, así como 150 días-multa, equivalentes a S/ 1,625.00, y la inhabilitación para el ejercicio de función pública. Asimismo, dispuso el decomiso definitivo de los S/ 221.00 incautados y el cumplimiento de la condena en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, con vencimiento el 7 de febrero de 2039.