Desde hace 20 años, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) facilita la conformación de mesas de sufragio en centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos, a las que ha asignado códigos de seis dígitos que empezaron en 900001. Esta decisión institucional se adoptó con el propósito de reducir el ausentismo electoral, pues a los peruanos que habitan en dichas localidades muchas veces les resulta más costoso trasladarse hasta un local de votación que pagar la multa por no votar.
En las mesas que pertenecen a la serie
900000, al igual que en el resto de mesas, solo pueden sufragar los ciudadanos
que se encuentran en el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec), fiscalizado y aprobado por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE). Además, debe coincidir el distrito que figura en
el Documento Nacional de Identidad (DNI) del votante con el distrito donde
funciona la mesa.
Tomando en cuenta las dificultades que tienen muchos peruanos para
llegar a mesas instaladas en las capitales de los distritos donde viven, la ONPE
empezó a facilitar la conformación de mesas en centros poblados a partir del
2006. Dos décadas después, han llegado a funcionar 4,700 mesas en 1913
localidades.
Basándose en las atribuciones que le
otorga la legislación electoral, la ONPE conforma mesas de sufragio en todo el
territorio nacional, de tal manera que los peruanos tengan la posibilidad de
votar, que es, a la vez, un deber y un derecho ciudadano.
La conformación de mesas se ciñe a
criterios que consideran la distancia, la cantidad de personas que podrían
sufragar en ellas y los factores geográficos y económicos que obstaculizan su
traslado. Las mesas con el código 900000 se ubican, por lo general, en zonas
rurales y, de manera excepcional, en áreas urbanas de difícil acceso. Los
habitantes de todas esas zonas se encuentran en situación de pobreza o extrema
pobreza.
Antes de determinar si se instala o no
una mesa de ese tipo, el organismo electoral evalúa su necesidad y sus
potenciales beneficios, para lo cual coordina con distintas instituciones
públicas y entidades vinculadas a la población local, que le proporcionan
información relevante. Además, toma en cuenta la voluntad de los posibles electores,
quienes pueden enviar una solicitud debidamente fundamentada.
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