- Informe revela favorecimiento indebido al proveedor del servicio de transporte y la afectación al derecho de sufragio de 55 261 electores
La Contraloría General de la República (CGR)
publicó un informe de control que determina presunta responsabilidad penal y/o
administrativa entidad en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), incluyendo al exjefe de dicha entidad, en una serie de
irregularidades que provocaron demoras y la afectación del derecho de sufragio
de 55 261 electores de Lima Metropolitana durante la primera vuelta de las
Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril.
Favorecimiento indebido
En el
Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE se revela que
funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE
requirieron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel
nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos
electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia
que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos para el
transporte de material y equipos informáticos electorales.
A
esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje
menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no
estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el
largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros
cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta
económica que fue superior en S/ 168 148.19.
Asimismo,
con la aplicación del criterio de reducir en dos metros a la longitud de los
vehículos, se evidenció que los evaluadores consignaron información inexacta
respecto a la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador, por lo
que se le adjudicó un puntaje que no le correspondía, no obstante que su oferta
fue superior en S/ 469 404.09 con respecto al postor que debió resultar
adjudicado de la buena pro.
Estas
situaciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública
durante el proceso electoral al favorecer indebidamente al postor ganador,
quien además dio el servicio con 437 vehículos de terceros (92 % del
utilizado) y solo con 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el
accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección.
Del
mismo modo se verificó el accionar irregular del subgerente de Producción
Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes a pesar de
tener conocimiento de la cantidad mínima de vehículos que se requería (68
vehículos propios hasta un total de 400 vehículos), no actualizaron su
requerimiento y se procedió a elaborar los términos de referencia sin
determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400)
para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima
Metropolitana y Callao.
Distribución inoportuna afectó a
electores
Otro
hecho irregular fue que funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y
Seguridad Tecnológica, de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, de
la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral
solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales de
la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril de 2026) para destinarlos
al proceso de Elecciones Generales 2026 como contingencia.
Sin
embargo, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la
demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el
repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento
de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
Estos
mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la
reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con
8261 mesas de sufragios que involucraban a 2 453 791 electores, consignándose
por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando
en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha
reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos
informáticos electorales.
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