La Contraloría General de la República (CGR) detectó que un funcionario y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Clemente, en la provincia de Pisco, aprobaron el pago de beneficios económicos a obreros de dicha entidad durante los años 2022 al 2024, como resultado de un convenio colectivo que estaba al margen de la normativa vigente y sin viabilidad presupuestaria, ocasionando un perjuicio económico ascendente a S/ 331 077.
En el
Informe de Control Específico n.° 005-2026-2-0409-SCE, cuyo periodo de evaluación
abarca desde el 19 de agosto del 2021 al 31 de diciembre del 2024, se indica
que la entidad y el sindicato de obreros (SIOMUN) celebraron una negociación
colectiva en la que se acordó un incremento de remuneración para sus asociados,
así como el pago de bonificaciones por vacaciones y los días festivos del 1 de
mayo (Día del Trabajo), 8 de junio (aniversario del distrito) y 5 de noviembre
(Día del Obrero Municipal).
Sin
embargo, la normativa establecía que los pactos colectivos deben estar
referidos a mejoras en las condiciones de trabajo y no a incrementos
salariales. Asimismo, la entidad no cumplió con realizar un informe sobre el
costo que generaría el convenio en cuestión y omitió la elaboración de otros reportes
técnicos para constatar si se contaba con la disponibilidad y viabilidad
presupuestaria. Tampoco reportó el caso ante el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) para recibir la respectiva autorización.
En la
aplicación de este pacto colectivo se identificó la presunta responsabilidad
penal y civil de un funcionario y tres servidores y repercutió en la
programación presupuestal y financiera de la entidad; en consecuencia, tuvo
inconvenientes para cumplir con los pagos de los aportes de sus trabajadores
para la AFP, ONP, EsSalud, combustible y otros servicios.
El
resultado de este informe de control específico fue comunicado a la
Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, así como a la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, para que inicien
acciones que correspondan contra los funcionarios o servidores comprendidos en
el hecho irregular.
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