El magistrado Jhiner Julián Najarro
Laura, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de
Flagrancia de Ica, dictó ocho meses de prisión preventiva contra J. Caisahuana
B. y E. Pacheco T., investigados por la presunta comisión del delito contra el
patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de E. Del Castillo H..
La medida coercitiva fue impuesta el 10
de abril de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el
magistrado escuchara y evaluara los argumentos del representante del Ministerio
Público y de la defensa técnica, verificando el cumplimiento de los
presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así
como la jurisprudencia aplicable.
Según la tesis fiscal, los hechos
habrían ocurrido el 06 de abril de 2026, aproximadamente a las 23:35 horas,
cuando la víctima fue interceptada en el distrito de La Tinguiña por tres
sujetos, quienes, mediante violencia y amenaza con arma de fuego, lo obligaron
a descender de su vehículo. Los agresores se apoderaron ilegítimamente de la
unidad vehicular marca MG, así como de un equipo celular que se encontraba en
su interior, dándose luego a la fuga con rumbo desconocido.
Posteriormente, personal policial
ejecutó un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en la
jurisdicción de Ocucaje, iniciándose una persecución al advertirse que era
conducido por los investigados, con apoyo de un tercer sujeto que actuaba como
“guía”. Pese a las señales de alto emitidas por los efectivos policiales, los
imputados intentaron huir, produciéndose el despiste del vehículo, lo que
permitió su intervención y posterior detención, siendo puestos a disposición de
la autoridad competente.
La resolución judicial dispone el
internamiento inmediato de los imputados en el establecimiento penitenciario
que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se
prolongará hasta el 06 de diciembre de 2026, a fin de garantizar el normal
desarrollo del proceso penal.
Con esta decisión, la Corte Superior de
Justicia de Ica reafirma su compromiso con una administración de justicia
célere, transparente y respetuosa del debido proceso, en salvaguarda de los
derechos fundamentales de la ciudadanía.
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