miércoles, 14 de enero de 2026

Juzgado de Pisco dicta prisión preventiva a efectivo policial por presunta violación sexual de menor

Medida cautelar busca garantizar el normal desarrollo del proceso penal

El magistrado William Smith Flores Torres, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra F. Huamán B., investigado por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 del Código Penal, en agravio de una menor de  13 años.

La medida cautelar fue impuesta el 4 de enero del 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo con el requerí-miento fiscal, se atribuye al investigado, en su calidad de efectivo policial y monitor del Club de Menores Amigos de la Policía, haber aprovechado su posición de autoridad y la relación de confianza generada con la menor —interesada en formarse en una academia de preparación prepolicial— para citarla, entre los días 8 y 10 de septiembre de 2025, a un inmueble ubicado en la prolongación San Clemente, provincia de Pisco.

Según las diligencias preliminares, en dicho lugar el imputado presuntamente le habría suministrado una bebida alcohólica, provocando que la menor perdiera el estado de conciencia, circunstancia que habría sido aprovechada para cometer el presunto abuso sexual. Los hechos se encuentran sustentados en la declaración de la agraviada, el certificado médico legal practicado y otros elementos de convicción, que además darían cuenta de conductas posteriores consideradas como actos de coerción, así como del presunto intento del investigado de sustraerse de la acción de la justicia tras conocerse la denuncia.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se prolongará hasta el 27 de setiembre de 2026, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

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