Por: Ed. Dr. Claudia Viveros Lorenzo
El caso de “Papayita” —nombre cariñoso que usaban quienes conocieron a
Carlos Gurrola Arguijo— es una herida abierta que exhibe, con brutal crudeza,
las costuras podridas de ciertas cadenas de supermercados mexicanas. Pero no
solo eso: también desnuda el fracaso de mecanismos de protección laboral,
fallas de comunicación interna y una lectura complaciente —o negligente— de las
reformas que juraron desterrar las prácticas más oscuras del outsourcing. Esta
columna busca no solo relatar lo sucedido, sino subrayar las lecciones que se
rehúsan a aprender.
Carlos Gurrola, empleado de limpieza en la sucursal de H-E-B en Torreón
(Coahuila), trabajaba bajo contratación de la empresa externa Multiservicios
Rocasa. No era “empleado directo” de H-E-B, según las declaraciones
oficiales.
Durante meses, los familiares y compañeros narran que Carlos fue blanco
de acoso habitual: le escondían su comida, le tomaban su celular, dañaban su
bicicleta, incluso le hacían amenazas verbales.
El 30 de agosto de 2025, en pleno horario laboral, Carlos tomó un sorbo
de lo que creía era agua o una bebida electrolítica. De inmediato comenzó a
sentir “quemaduras internas”, dificultad para respirar, dolores en la tráquea.
Para ese momento, la broma macabra estaba consumada: alguien mezcló un
desengrasante —u otra sustancia química grave— en su bebida.
La respuesta institucional fue lenta: Carlos no fue trasladado de
inmediato, la empresa contratista desechó el envase con la sustancia antes de
que las autoridades pudieran analizarlo, y durante horas quedó a la
deriva.
Diecinueve días después, el 18 de septiembre, Carlos falleció a causa de
las gravísimas lesiones en su aparato respiratorio.
Las reacciones públicas oscilan entre protestas, declaraciones de
condolencia y un intento evidente de deslinde: H-E-B insiste en que Carlos no
era parte de su nómina directa, y Multiservicios Rocasa asegura que no hubo
“intención de acoso”.
Aunque la Fiscalía de Coahuila ha declarado que no halló elementos de
dolo —o al menos eso ha indicado públicamente—, la sociedad exige claridad
total y rendición de cuentas.
Este caso no es solo una tragedia individual, sino la cristalización de
un fallo estructural. Las irregularidades allí conver-gen: ausencia de canales
seguros de denuncia, falta de supervisión de procesos de limpieza (y químicos),
y un modelo organizacional que desdibuja quién es responsable cuando algo grave
sucede.
Silencio institucional y falta de protocolo. Que una “broma” con
sustancias químicas se sancione prácticamente nunca es una posibilidad para una
empresa seria. ¿Dónde estaban los protocolos de seguridad, informes inmediatos,
gestión de crisis interna? Si no existe una cultura de prevención —y de
escucha—, el hostigamiento se vuelve la antesala del daño físico.
Desdibujo de responsabilidades por subcontratación.
Cuando una cadena como H-E-B externaliza servicios como limpieza, la empresa
principal se desentiende con facilidad, mientras el proveedor busca capear el
desgaste legal. Pero la ley mexicana —en su versión vigente— habla de
responsabilidad solidaria: el contratante no puede lavarse las manos cuando
algo grave ocurre con el trabajador subcontratado.
H-E-B, al alegar que Carlos no era empleado suyo,
incurre en una estrategia comunicacional que resiente su credibilidad: más que
abonar confianza, deja ver su temor a asumir riesgos corporativos.
Cultura organizacional que naturaliza la violencia.
Cuando desaparecen espacios para denunciar sin temor a represalias,
cuando las quejas llegan a un muro de apatía o
silencio, el acoso se vuelve sistemático. El maltrato psicológico, convertido
en “bromas”, es parte de esa rutina. Y cuando hay sustancias corrosivas de por
medio, solo hay un paso para la tragedia.
Falta de control sobre químicos. Que un desengrasante
termine en la botella personal de un trabajador habla de grietas mayores:
acceso sin supervisión, almacenamiento deficiente, negligencia en el manejo de
sustancias químicas. Si no existen bitácoras, auditorías internas, controles
estrictos, estamos ante una falla gravísima de seguridad industrial.
Bajo la administración de Andrés Manuel López
Obrador, una de sus banderas fue erradicar el outsourcing abusivo que, en la
práctica, permitía la precarización laboral. En abril de 2021 el Senado aprobó
una reforma para limitar y regular la subcon-tratación: el 20 de abril fue
avalada, y el 23 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Según esa reforma, queda prohibido el uso de
outsourcing para funciones esenciales o permanentes de una empresa, y solo se
permite el modelo de “servicios especializados” —cuando sean distintos al
objeto social del contratante—.
Desde el discurso, la 4T prometió que con esa reforma
se terminaría la simulación y el abuso: ya no habría empresas fachada, ya no
habría trabajadores invisibles. Pero este caso evidencia que, en los hechos,
muchos modelos tienden a persistir bajo disfraces legales.
¿Acaso H-E-B está contratando los servicios de
limpieza como “especializados”, cuando esos trabajos son parte vital de su
operación? Si así fuera, estaríamos ante un literal contrasentido. Y si no lo
acredita, estaría violando la ley que todos decían apoyar.
El pacto social exigía que la reforma se cumpliera de
fondo, no de florero. Pero hoy vemos que miles de trabajadores —como Papayita—
siguen atrapados en zonas grises: prestan servicios para una empresa grande,
obedecen horarios de esa empresa, pero carecen del reconocimiento formal, de
redes de protección reales.
No basta con reformar leyes, hay que transformar
cultura. La muerte de Carlos Gurrola no puede ni debe quedar en una anécdota
silenciada. No basta con emitir comunicados, deslindarse o difuminar
responsabilidades. Este episodio nos obliga a exigir:
• Transparencia
absoluta: los protocolos internos, las auditorías, los registros de denuncias
deben abrirse al escrutinio público.
• Cumplimiento
real de la reforma: si empresas como H-E-B no ajustan sus prácticas, que
enfrenten sanciones ejemplares.
• Protección
integral para trabajadores subcontratados: acceso a denuncia segura,
acompañamiento psicológico, espacio legal real.
• Cultura
organizacional que privilegie la dignidad y la prevención antes que el costo
inmediato.
Papayita no fue solo una víctima de una “broma
fatal”. Fue el síntoma de un modelo de gestión que relega a los más
vulnerables, los invisibiliza y, cuando algo grave ocurre, resonan los
silencios corporativos. La 4T prometió que con su reforma ese esquema sería
parte del pasado. Pero mientras tragedias como esta sigan ocurriendo, entenderemos
que la promesa está rota.
Quedémonos con el nombre de “Papayita” como
recordatorio: detrás de un apodo cariñoso había una persona —un trabajador— a
quien le quitaron la vida en un supermercado. Y quien no reconstruya todos esos
vacíos de poder, responsabilidad y cultura, seguirá alimentando zonas de
impunidad para la próxima víctima.
Comentarios: draclaudiaviveroslorenzo@gmail.com
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