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Fiscal anticorrupción se vio imposibilitado de solicitar la detención preliminar puesto que aún sigue vigente la ley 32181.
La Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Ica (Primer Despacho) ejecutó la medida de allanamiento
con fines de incautación en los inmuebles de E. Amoroto y otros 26 investigados
que conformarían la organización criminal denominada 'Los acelerados del sur'.
Amoroto es alcalde en funciones del distrito Los Aquijes, ubicado en la
jurisdicción de Ica.
El operativo –a
cargo del fiscal provincial Fernando Catacora Pamo y en la que también
participaron 7 fiscales de Ica y 27 fiscales que viajaron desde Lima– tuvo como
resultado la incautación de S/ 643 000, los cuales fueron depositados a la
cuenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), y servirán como
un elemento de convicción en relación a los hechos que se vienen investigando
por la emisión irregular de licencias de conducir.
Según las
pesquisas fiscales, Amoroto habría ejercido como director regional de
Transportes y Comunicaciones de Ica, durante los años 2021 y 2022. A él y a los
demás imputados se les vincula con la tramitación irregular de las licencias de
conducir que les habría generado ganancias económicas ilícitas.
El fiscal provincial informó que la diligencia también se llevó a cabo en las sedes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, el Circuito Cerrado de Evaluación de Habilidades de Conducción, la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, los policlínicos San Luis Medic y Santa Fe, y la Escuela de Conductores San Cristóbal del Perú.
Medidas:
Es importante
aclarar que el representante del Ministerio Público viene evaluando requerir
las medidas restrictivas para los investigados en este caso, una vez realizado
los actos urgentes e inaplazables respecto de los bienes que fueron incautados.
Debido a la ley
32181 (Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Nuevo
Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957) no se pudo detener al
investigado E. Amoroto y otros, debido a que no puede aplicarse en casos de no
flagrancia delictiva. Ello, porque los delitos ocurrieron cuando se desempeñó
como director de Transportes, entre abril de 2021 a febrero de 2022, y a los
otros imputados por hechos ocurridos entre los años 2021 y 2023.
Este es uno de
los procesos por corrupción de funcionarios y otros graves delitos, que investiga
el Ministerio Público y que se ve perjudicado por la falta de restitución de la
detención preliminar a su estado inicial.
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