Beneficios irregulares generaron un perjuicio económico de S/ 125 mil
La Contraloría
General detectó que un médico cirujano que desempeña labores administrativas en
el Hospital Regional de Ica (HRI) percibió de manera simultánea su remuneración
y honorarios de los nosocomios Santa María del Socorro de Ica y San Juan de
Dios de Pisco, desde enero del 2021 hasta julio del 2023, cuando la ley lo
prohíbe. Tal situación ocasionó un perjuicio económico ascendente a S/ 125 000.
Según el Informe de Control Específico N°020-2023-2-4829-SCE,
el doctor en cuestión está nombrado en el Hospital San Juan de Lurigancho de
Lima y fue destacado al HRI, donde desempeña funciones de auditor en la Oficina
de Seguros, Referencias y Contrarefe-rencias.
A la par que recibía su remuneración con normalidad,
y sin haber tramitado su licencia sin goce de haber que suspenda su vínculo
laboral, percibió honorarios como locador de servicios en el Hospital Santa
María del Socorro. De dicha institución cobró las sumas de S/ 50 000 (2021), S/
40 000 (2022) y S/ 30 000 (2023). Mientras que del Hospital San Juan de Dios
percibió S/ 5 000 en el 2021.
En la misma línea, presentó al Hospital Santa María
del Socorro declaraciones juradas correspondientes a las contrataciones de
enero, marzo, abril, mayo y junio del 2023 en las que aseguraba que no percibía
ingresos del Estado.
De acuerdo con la normativa vigente, ningún servidor
público puede recibir del Estado más de una compensación económica, ni por
locación de servicios, a menos de que sean ingresos por docencia, dietas por
participar del directorio de una entidad o empresa pública y en el caso de los
profesionales de la salud solo cuando realicen labores asistenciales en el
marco de una emergencia sanitaria.
El caso de este médico, que realizó labores
administrativas en los nosocomios mencionados, no se ajustaría a ninguna de las
referidas excepciones, motivo por el cual se determinó que tendría presunta
responsabilidad penal, civil y administrativa.
El resultado de este informe de control específico
fue comunicado al director ejecutivo del Hospital Regional de Ica, el órgano
instructor y al Procurador Público del Gobierno Regional de Ica para que se
adopten las acciones pertinentes que correspondan en el marco de sus
competencias.
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