Equipos fueron
comprados de manera fraccionada a un solo proveedor por S/116 mil y no cumplían
con características específicas solicitadas.
La Contraloría
General de la República detectó que funcionarios de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga (UNICA) concretaron la adquisición de bienes informáticos mediante
una compra fraccionada que no correspondía, a un solo proveedor sin experiencia
en el rubro y cuyos equipos ofertados no cumplían con la totalidad de
características técnicas requeridas.
De acuerdo con
el Informe de Control Específico N°017-2023-2-0208-SCE, estos bienes son ocho
laptops y una impresora multifuncional, adquiridas por un valor de S/ 116 600,
requeridas por tres áreas dependientes del Vicerrectorado de Investigación.
Esta compra
estaba prevista en el Plan Anual de Contrataciones de la entidad de año 2021,
mediante el uso de los Catálogos de Acuerdo Marco. Además, al ser equipos con
características similares se debieron agrupar los requerimientos en una sola
compra; sin embargo, sin justificación alguna, se optó por utilizar la
modalidad de compras directas menores e iguales a 8 UIT (S/ 39 600).
La entidad
recibió dos cotizaciones y finalmente ordenó cuatro órdenes de compra en favor
del único proveedor al que había invitado a cotizar, cuyos montos son S/ 35
100, S/ 34 000, S/ 23 700, y S/ 23 800. Los equipos fueron entregados y
recibieron la conformidad de los funcionarios respectivos.
No obstante,
se constató que dichos equipos no tenían todas las características técnicas
solicitadas. En el caso de la Dirección de Incubadora de Empresas, recibieron
dos laptops con procesador y modelo diferente y con la tarjeta gráfica de inferior
capacidad.
De igual modo,
las tres laptops de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
poseen un disco duro de menor capacidad. Similar situación ocurre con las tres
laptops pedidas por la Dirección de Producción de Bienes y Servicios. Se
adquirió también un equipo multifuncional diferente al requerido.
Vale indicar
que la entidad no contó con la opinión de un especialista para la compra de
estos equipos y aprobó las órdenes de compras sin constatar previamente que el
proveedor ganador no cumplía con la actividad económica requerida para la
contratación. Ante ello, son cuatro los funcionarios con presunta
responsabilidad penal y administrativa.
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