En la provincia de Nazca
• Se
identificó 3 exfuncionarios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Virgen de Guadalupe del Sur con presunta responsabilidad penal y/o
administrativa
La Contraloría General detectó irregularidades en el
pro-ceso de contratación realizado por la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur para el servicio de instalación de
1200 micromedidores en la provincia de Nazca, debido a que el comité de
selección otorgó la buena pro a un postor que no acreditó los requisitos de
calificación establecidos en las bases integradas. Se identificó que 3
exfuncionarios de la entidad tendrían presunta responsabilidad penal y/o
administrativa en los hechos.
El proceso se convocó a través de la adjudicación
simplificada N° 003-2020-EMAPAVIGS y fue ejecutado por la referida empresa
munici-pal con un presupuesto ascendente a S/ 238 575 000.
El Informe de Control Específico N°
4285-2022-CG/GRIC-SCE reveló que el comité de selección otorgó la buena pro a
proveedor que no cumplió con acreditar el equipamiento estratégico, la experiencia
de personal clave y la experiencia en capacidad técnica y profesional. Ello
afectó la imparcialidad, integridad y la seguridad jurídica de la contratación.
Además, se constató que la entidad no realizó la
verificación de la oferta ganadora y suscribió contrato con el postor, pese a
que no se formalizó como consorcio y no presentó la documentación exigida en
las bases integradas, como el curriculum vitae documentado, antecedentes
penales y policiales, colegiatura y habilitación del personal clave, documentos
que sustenten la propiedad y alquiler del equipamiento, entre otros.
Los resultados del servicio de control especifico
-que comprendió el periodo del 4 de diciembre 2020 al 2 de febrero 2021- fue
notificado al titular de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Virgen de Guadalupe del Sur y al presidente del Consejo Directivo del Organismo
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento para el deslinde de
las responsabilidades administrativas y a la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales que
correspondan.
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