Ejecutivo
dispuso norma que los obliga a mantener neutralidad
Las autoridades,
funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias
políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato a las próximas Elecciones
Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N°
182-2022-PCM emitido recientemente por el Ejecutivo.
La disposición,
que regula el accionar de los funcionarios y servidores públicos en el marco de
la neutralidad que establece el Código de Ética de la Función Pública, durante
el período electoral 2022, precisa una serie de prohibiciones relacionadas con
el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y
con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la
información pública.
Los funcionarios
y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las
sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e
inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y a las
sanciones establecidas en otras normas que resulten aplicables, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.
Las
prohibiciones en relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece
que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar
sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o
símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.
Igualmente,
deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor
o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar, jamás, sus
servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.
Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y
su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o
personas a su cargo. En relación al uso de bienes y recursos públicos, los
funcionarios o servidores no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la
entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública
y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en
contra de alguna candidatura o grupo político.
Además, los
funcionarios y servidores públicos no pueden condicionar el acceso a información
pública ni afectar su contenido por razones o intereses políticos. En esa
medida, deben actuar con transparencia y legalidad para garantizar el acceso a
la información pública.
De otro lado,
los funcionarios públicos, directivos públicos y servidores de confianza deberán
abstenerse de expresar opinión sobre algún candidato o agrupación política en
contienda de manera permanente y a través de cualquier medio, incluyendo sus
redes sociales.
Frente a
opiniones o afirmaciones de candidatos que pudieran afectar la imagen institucional
de las entidades públicas durante el proceso electoral, cualquiera aclaración
sobre el particular podrá efectuarse previa evaluación y por los canales
institucionales correspondientes, sin referencia expresa a un candidato o agrupación
política.
En caso los
ciudadanos y servidores públicos identifiquen comportamientos o prácticas que
vayan en contra la disposición emitida, podrán realizar el reporte
correspondiente en la plataforma https://denuncias.servicios.gob.pe/
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