Personal de
distintos órganos e instituciones que dependen del Gobierno Regional de Ica
permiten la participación en actos públicos de candidata a vicegobernadora
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica
requirió al Jurado Electoral Especial en esta región evaluar el inicio de
investigaciones en torno al presunto incumplimiento del deber de neutralidad en
que estaría incurriendo el personal que labora en diversos órganos e ins-tituciones
que dependen del Gobierno Regional de Ica, al permitir la asistencia de una de
las candidatas a vicegobernadora regional en actividades oficiales.
En efecto, de acuerdo a in-formación recogida
por la sede defensorial, la candidata a vice-gobernadora Mónica Guillén habría
asistido a una ceremonia desarrollada el último 6 de julio en la sede de la
Dirección Regional de Educación, con ocasión del día del maestro. En la
ceremonia protocolar, la candidata habría ocupado la mesa que correspondía a
las autoridades, en presencia del personal administrativo y docentes. Además,
dicha ceremonia habría sido autorizada por el director regional de educación.
De otro lado, el
pasado 27 de junio, la candidata habría encabezado la ceremonia de donación de
uniformes al personal del Instituto Superior Tecnológico Fernando León de
Vivero, ubicado en el distrito de La Tinguiña y cuya administración depende de
la Dirección Regional de Educación de Ica. Asimismo, en una reunión desarrollada
recientemente en la sede del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Pisco,
se pudo observar a la candidata junto al director ejecutivo y personal de dicho
nosocomio.
Ante estas
evidencias, el representante de la Defensoría del Pueblo en Ica instó al Jurado
Electoral Especial de Ica a actuar en el marco de sus funciones. En el
documento dirigido al órgano electoral, el jefe de la Oficina Defensorial de
Ica, Jorge Hernández, precisó que esta situación vulnera el deber de
neutralidad política que rige sobre todas aquellas personas que desempeñan funciones
a nombre del Estado, el mismo que se encuentra establecido en las normas de
carácter electoral vigentes.
Según explicó
Hernández, las funcionarias y los funcionarios se encuentran prohibidas/os de
participar en actos proselitistas o apoyar cualquier manifestación que denote
un apoyo directo o indirecto a cualquier candidatura política, a fin de
garantizar el derecho ciudadano de elegir a sus autoridades en un clima de
absoluta transparencia. En virtud del deber de neutralidad, ninguna autoridad,
funcionario/a o servidor/a puede favorecer o perjudicar alguna candidatura u
organización política, toda vez que el proceso electoral debe desarrollarse en
condiciones de igualdad y sin injerencia por el Estado en la formación del voto
de las y los electores.
El jefe de la
sede defensorial de Ica se dirigió también al gobernador regional, quien es
esposo de la referida candidata, para recordar que debe adoptar medidas para el
cumplimiento del deber de neutralidad e imparcialidad política que debe
mantenerse en todos órganos e instituciones públicas que dependan del Gobierno
Regional de Ica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Elecciones,
el Código de Ética de la Función Pública y el Decreto Supremo N° 082-2022-PCM,
que precisan disposiciones en esta materia.
En el documento
dirigido a la autoridad, se señaló, además, que durante las elecciones presidenciales
y legislativas del año pasado se advirtieron hechos similares que motivaron la
intervención de la Defensoría del Pueblo al haberse identificado a, por lo
menos, 34 personas que laboraban en el Gobierno Regional de Ica participando en
actos a favor de la candidatura al Congreso de la esposa del gobernador.
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