Megaoperativo se realiza en diversas regiones
del país para recoger evidencias de investigados que vulneraban el sistema
operativo del Estado desviando dinero de distintas instituciones públicas a
terceros
El
Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal provincial Elmer
Atilio Chirre Castillo ejecuta el operativo de detención preliminar judicial,
allanamiento, registro domiciliario y personal e incautación contra los miembros
de una organización criminal dedicada a apropiarse ilícitamente de caudales de
entidades estatales en distintas regiones del país.
La diligencia fiscal se realiza de manera
simultánea en los in-muebles del presunto cabecilla de esta organización, Miguel
Angel Salinas Cámac, y de sus integrantes Pedro Yassir Uceda Peña, Isaías
Castro Lozano, Irma Isidora Corzo Carretero, David Alberto Lopez Jeri y Cesar
Eduardo Pichilingue Pernia. Contra los primeros cinco, además, existe una
orden de detención preliminar por 15 días. Estas personas son investigadas por
la presunta comisión de los delitos de peculado, lavado de activos y
organización criminal, en agravio del Estado.
También, se
interviene el Área de Soporte Técnico- SIAF, la Oficina Data Center y la Oficina
del Centro de Monitoreo del Ministerio de Economía y Finanzas; las oficinas de
los gobiernos regionales de Madre de Dios, Arequipa y Apurímac; de los
municipios provinciales de Víctor Fajardo (Ayacucho), Huancayo (Junín); de las
comunas distritales de Majes (Arequipa), Mara (Apurímac), Ricardo Palma,
Supe Pueblo y Punta Negra; estas últimas ubicadas en la provincia de Lima.
En Lima
Metropolitana se intervienen inmuebles de los investigados ubicados en los
distritos de Magdalena del Mar, Villa El Salvador, San Martín de Porres,
Miraflores, Pachacamac. Lo propio sucede en viviendas situadas en Chincha
(Ica) y Huaura (provincia de Lima).
Según la
investigación fiscal, los miembros de esta organización criminal se apropiaban
ilícitamente de los caudales de entidades estatales de distintas regiones del
país, valiéndose de la obtención de información privilegiada, como números del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Régimen Único
Simplificado (RUS) y claves; conseguidos a través de funcionarios públicos
responsables de las cuentas de las unidades ejecutoras locales y del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Con esta información efectuaban el irregular
registro de las fases de ejecución presupuestal del gasto público en el módulo
administrativo del SIAF, posibilitando con ello la autorización de
transferencias interbancarias a las cuentas de los facilitadores o de las
empresas que eran parte de la organización.
Las acciones
autorizadas judicialmente para este operativo comprenden el registro personal
de las personas que se encuentren en los inmuebles intervenidos, el registo e
incautación de bienes relevantes para la investigación, la búsqueda de
información dentro de todos los programas y aplicativos instalados en los
equipos de comunicación, informáticos y electrónicos, y la obtención de
copia espejo de los servidores, extracción de información del contenido a
nivel de base de datos, entre otros.
Asimismo, se
autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para que el
representante del Ministerio Público realice la visualización de la información
que contengan todos los teléfonos celulares, tarjetas SIM, ordenadores (PCS y
laptos) y otros soportes electrónicos de almacenamiento de datos incautados en
los inmuebles allanados.
La diligencia cuenta la supervisión del
fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además se tiene el
apoyo de personal especializado de la Oficina de Peritajes del Ministerio
Público, Contraloría General de la República y agentes policiales de la
Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.
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