Perjuicio ocasionado asciende a S/ 132
millones, informó contralor Shack
La
Contraloría General de la República detectó que 1183 funcionarios y servidores
públicos tienen presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en
diversos hechos irregulares encontrados en los servicios de control posterior
realizados en lo que va de la Emergencia Sanitaria por la Covid-19, informó
el contralor general, Nelson Shack.
Durante
su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y
Gestión de Desastres del Congreso, indicó que entre los años 2020 y 2021 se
han emitido 15 451 informes de control a la Emergencia Sanitaria por la
Covid-19, de los cuales 15 060 corresponden a informes de control simultáneo y
386 son de control posterior, con los cuales se pueden identificar hechos de
irregularidad, así como a sus responsables.
“Con
el control simultáneo advertimos sobre hechos y situaciones adversas que si no
se corrigen oportunamente entonces pueden terminar afectando seriamente la
prestación del servicio, el cumplimiento de los objetivos de la intervención
pública, generar perjuicios económicos o se pudieron cometer delitos”,
enfatizó.
En ese
sentido, mencionó que los servicios de control posterior realizados en el
marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 han detectado un perjuicio
económico contra el Estado valorizado en S/ 132 311 360.87. Además, se detectó
presunta responsabilidad en 1183 funcionarios y servidores públicos, de los
cuales 1147 tienen responsabilidad administrativa, 397 tienen responsabilidad
civil y 446 tienen responsabilidad penal.
En total, la Contraloría General de la República ha detectado 2293 responsabilidades en hechos irregulares en los informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Específico (ambas son modalidades de control posterior), de los cuales 1360 son de índole administrativa, 406 son de índole civil y 527 son de índole penal.
En materia de control simultáneo, Shack Yalta indicó que estos informes permitieron detectar más de 26 800 situaciones adversas que fueron alertadas a las entidades públicas para subsanarlas, pero en un tercio de ellas (8960) no se han adoptado acciones para mitigarlas dentro del plazo de tres me-ses de haber sido comunicadas.
De
otra parte, el titular de la Contraloría General señaló que en el caso de
vacunación irregular de funcionarios públicos contra la Covid-19, conocido
como “Vacunagate”, se ha identificado que más de 70 funcionarios públicos
están involucrados en estos hechos, los cuales originaron su vacunación
irregular e inclusive de algunos de sus familiares.
Detalló
que estos funcionarios pertenecen a entidades públicas como el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid), Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y el Ministerio de Salud
(Minsa).
Finalmente,
adelantó que a fines de enero o principios de febrero se culminará la
Auditoría de Cumplimiento al proceso de negociación, adquisición y ejecución
de vacunas contra el virus del Sars-Cov2, el cual ha sido clasificado como
reservado.
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