Cañete: 36 meses de prisión preventiva para presuntos miembros de banda criminal en peajes

Realizaban cobros ilegales a transportistas

 La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete, logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses para nueve presuntos integrantes de una banda criminal, investigados por los delitos de crimen organizado, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.

Se trata de los fiscalizadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran); Percy Jorge Sánchez Ferrer Del Valle, José Fernando Pasache Muchotrigo, Julio Daniel Rivadeneyra Gutiérrez, Gino Limber Castillo Montero, José Jesús Orellana Rojas, José Enrique Falcon Simich y Rolando Leandro Idelfonso; el trabajador del peaje del serpentín de Pasamayo, a cargo de la empresa CONCAR S.A., Ruddy Gustavo Peñaranda Palomino; y el trabajador de la empresa OPECOVI, René José Alfaro Calle.

    Las mencionadas empresas privadas son contratadas por COVIPERÚ.

De acuerdo a la carpeta fiscal, la presunta organización criminal habría implementado un sistema paralelo para el control y pase irregular de vehículos de carga y mercancía en las estaciones de pesaje en Cerro Azul (provincia de Cañete) y Pasamayo (distrito de Ancón-provincia de Lima), desde el 2019. Los investigados habrían cobrado entre S/ 150, S/ 200 o hasta S/1500 para dejar pasar a los vehículos, que no contaban con las dimensiones o peso permitidos.

Durante los días que duró la audiencia oral, los fiscales adjuntos provinciales Jorge Quispe Bautista y Manuel Huangal Castro, bajo la dirección de la fiscal provincial Nancy Mendoza Enrique, expusieron fehacientemente los elementos de convicción, que llevó a la obtención de la medida coercitiva.

Entre ellos se encuentra, la presentación de las actas de transcripción de las interceptaciones telefónicas legales a los inspectores de la Sutran, los celulares incautados en la detención preliminar, mediante las cuales se advirtió las comunicaciones que tenían los investigados, así como los vouchers de pago.