martes, 20 de julio de 2021

Defensoría del Pueblo: municipios de Ica deben remitir información para agilizar vacunación contra el COVID-19 a personal de limpieza y serenazgo


Solo cinco municipios han cumplido con enviar información completa del personal a la Diresa, pese a que norma entró en vigencia a inicios del mes

 La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica instó a las autoridades municipales de esta región a remitir la información requerida para agilizar el proceso de vacunación contra el COVID-19 a favor del personal de las áreas de seguridad y limpieza pública que labora en cada una de las municipalidades provinciales y distritales, a fin de proceder conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud y en Plan Nacional de Vacunación.

En efecto, de acuerdo con la Resolución Ministerial 809- 2021/MINSA, publicada el 4 de julio, se modificó el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra el COVID-19, y se consideró al personal de limpieza y serenazgo como parte de los grupos priorizados en el proceso de inmunización.

Sin embargo, la sede defensorial pudo constatar que, pese a haber transcurrido más de 10 días desde que se publicó la norma, hasta el último jueves solo cinco municipios habían cumplido con remitir a las autoridades de salud la información completa sobre el personal a ser vacunado. Estos son los municipios de Los Aquijes, Parcona, Santiago, Palpa y Llipata. En el caso los gobiernos locales de Vista Alegre, Salas Guadalupe, Ocucaje, Changuillo, Chavín y Pueblo Nuevo, no habían cumplido con remitir la información requerida; mientras que en el resto de los municipios de la región, la información remitida era incompleta.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, recordó que la información sobre el personal de seguridad y limpieza debe ser remitida a la Dirección Regional de Salud, mediante el padrón físico y firmado, indicando el número total de beneficiarias o beneficiarios. Por ello, exhortó a las autoridades a actuar de manera urgente para que la máxima entidad regional de salud pueda contar con dicha información lo más antes posible, más aún si se tiene en cuenta el riesgo de contagio al que se exponen quienes realizan dichas labores, por la naturaleza misma de sus funciones.

 

 

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