Continuando
con el Mega Operativo de Control Ica, la Contraloría General de la República
tiene previsto aplicar el control concurrente a la obra de control de desbordes
e inundaciones en el río Ica y la quebrada Cansas-Chancajalla, que representa
una inversión de más de S/ 200 millones y está a cargo del Proyecto Especial
Tambo Ccaracocha (PETACC), con la finalidad de agilizar su ejecución y superar
el retraso ocasionado por deficiencias en el expediente técnico y en los
procesos de contratación en los ítems III y V de la obra.
Esta
obra, formada por cinco ítems, busca garantizar la vida y el patrimonio público
y privado de los habitantes de distritos como La Tinguiña, San José de Los
Molinos, Los Aquijes, entre otros, así como evitar el colapso de la actividad
económica en el valle medio del río Ica, debido a los desbordes tanto del río
Ica como de la quebrada Cansas, que afectan tanto a la ciudad como a sus zonas
agrícolas.
Al
respecto, y en el marco del Mega Operativo de Control Ica que inició esta
semana la Contraloría, el contralor general Nelson Shack encabezó una
supervisión de la situación de los trabajos correspondientes al ítem I, que se
desarrolla en la zona de aguas arriba del tramo urbano del río Ica, y el ítem
II, que se ubica en el tramo urbano del río entre las zonas de Vertedero Saraja
y Puente Grau.
“Esta es una obra emblemática para toda la
región Ica que ha estado frustrada durante mucho tiempo y es fundamental para
asegurar que, cuando vengan los desbordes del río Ica, todo esté controlado y
no hayan pérdidas de vidas humanas ni de patrimonio en toda la ciudad”,
indicó.
Sin
embargo, precisó que esta obra de más 46 kilómetros de extensión está bastante
atrasada debido a deficiencias en el expediente técnico, donde no se previó que
se debía tener disponibilidad de terrenos y la presencia de interferencias;
pero además hubieron problemas que provocaron la nulidad en los procesos de
contratación de algunos de los cinco ítems que forman parte del proyecto.
“Toda
la obra representa una inversión de más de S/ 187 millones pero con todos los
gastos de supervisión y del expediente técnico se superan los S/ 200 millones”,
agregó.
En
ese sentido, adelantó que la Contraloría está promoviendo que, por ley, todas
las obras públicas mayores a S/ 10 millones tengan control concurrente para
que los técnicos y especialistas de control puedan acompañar la ejecución de obras importantes desde la fase del expediente técnico.
“Esta
obra está bajo el control simultáneo de la Contraloría y se hicieron más de
una docena de intervenciones que advirtieron una serie de riesgos y situaciones
adversas, de las cuales no todas han sido atendidas. Ahora el PETACC debe
tomar cartas en el asunto y tener las capacidades técnicas para resolver los
problemas presentados con la presencia de terrenos privados e interferencias.
En la medida que se promulgue la ley del control concurrente aprobada en el
Congreso, la Contraloría podrá disponer de recursos y capacidades técnicas
para acompañar este proyecto y haya una correcta ejecución de estos
recursos”, comentó.
Balance
del Mega Operativo de Control Ica
Shack
Yalta recordó que el Mega Operativo de Control Ica implica el despliegue masivo
de auditores para intervenir en las principales obras y contrataciones de
bienes y servicios de la mayoría de entidades públicas de la región.
“Se
han movilizado más de 140 auditores, se ha triplicado la capacidad operativa de
la Gerencia Regional de Control de Ica y se van a desarrollar más de 240
intervenciones; es decir que en un plazo de tres a cuatro meses se va a hacer
mu-cho más de todo lo que se hizo el año pasado. La idea es evitar que pase lo
visto en el 2020 y es que Ica perdió S/ 435 millones por problemas de
inconducta funcional, ineficiencia y corrupción, por lo que esperamos que
este Mega Operativo de Control se generen tenga efectos disuasivos y
preventivos que sean necesarios”, enfatizó.
Durante el Mega Operativo de Control Ica, los
representantes de la Contraloría se reunieron con autoridades de la región,
alcaldes provinciales, miembros de la cadena de lucha anticorrupción de la
región, colegios profesionales, sociedad civil y Monitores Ciudadanos de
Control para explicarles los alcances de las intervenciones a realizar.
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