En 61% de situaciones de
riesgo advertidas sobre manejo de la COVID-19 no se tomaron medidas
•“Lamentablemente, se ha
ratificado la limitada capacidad que existe en los tres niveles de gobierno
para gestionar los recursos públicos, con la finalidad de disminuir los efectos
lesivos del COVID-19 en los infectados y evitar la muerte de miles de nuestros
compatriotas”, advirtió Contralor General
En cumplimiento a lo
establecido en la Ley N° 31016 y a la Estrategia de Control de la Emergencia
Sanitaria COVID-19, la Contraloría General de la República ha generado más de
12 mil informes de control simultáneo, los cuales permitieron advertir oportunamente
21,400 situaciones de riesgos en el manejo de recursos públicos asignados a la
gestión de la pandemia en el Perú, pero en el 61% (13 007) también se advierte
que no se tomaron acciones correctivas por parte de las instituciones
involucradas.
En el primer año de la Emergencia
Sanitaria, del 15 de marzo de 2020 al mismo período de 2021, el Poder Ejecutivo
habilitó recursos por más de S/ 124 mil millones para financiar diversas
medidas monetarias y fiscales para contribuir al fortalecimiento de la
capacidad de respuesta de los servicios de salud, apoyar la mitigación de los
efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social, ayudar a la
implementación de las medidas de contención de la Emergencia Sanitaria y
contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica.
“Todos tenemos claro que la
gestión pública no ha estado a la altura de las circunstancias, hay muchas
cosas que no se han hecho y algunas otras se han hecho mal. Pero más allá de
lamentarnos hay que aprender de la experiencia, rectificar y seguir adelante
sobre todo en este tema tan importante como es la COVID-19”, comentó el
contralor general, Nelson Shack, durante la presentación del informe “Control
en la pandemia por la COVID-19”.
Principales
conclusiones
Ante este escenario, el
titular de la Contraloría señaló que el informe concluye que pese a los
cuantiosos recursos que se disponían para afrontar la Emergencia Sanitaria, el
Estado no estuvo institucionalmente preparado ni supo reaccionar adecuadamente
para asegurar los niveles mínimos de atención de salud en la pandemia por la
COVID-19.
“Lamentablemente, se ha
ratificado la limitada capacidad que existe en los tres niveles de gobierno
para gestionar los recursos públicos, con la finalidad de disminuir los efectos
lesivos del COVID-19 en los infectados y evitar la muerte de miles de nuestros
compatriotas”, añadió.
También mencionó que se
evidenciaron dificultades para atenuar las graves consecuencias sociales y
económicas, principalmente en el apoyo mínimo que requerían las micro, pequeñas
y medianas empresas, así como a las familias más vulnerables, las cuales fueron
golpeadas económicamente.
Asimismo, enfatizó que la toma
de decisiones oportunas y acertadas sobre medidas de gestión de la COVID-19 requiere
de transparencia y consistencia en la información. “No podemos exigir eficacia
en las decisiones, si vemos graves inconsistencias y falta de transparencia en
aspectos tan cruciales como el registro de fallecidos a consecuencia de la COVID-19,
por citar un ejemplo”, agregó.
Situaciones adversas
El documento elaborado por la
Contraloría señala que solo el 39% (8393) de situaciones adversas detectadas en
los informes de control simultáneo han sido resueltas o están en proceso de
adoptarse acciones por parte de las entidades públicas para corregirlas. El
monto de recursos públicos examinado en los informes de control simultáneo
asciende a más de 96 mil 830 millones.
Algunos ejemplos de esas situaciones
adversas son la demora en el funcionamiento y uso de Centros de Aislamiento
Temporal para pacientes COVID-19, deficiencias en la compra e instalación de
plantas y concentradores de oxígeno, problemas en la adquisición de pruebas
moleculares y Equipos de Protección Personal (EPP), entre otros.
A esto se suma las dificultades
detectadas en el pro-ceso de vacunación contra la COVID-19, que se iniciaron
con el hallazgo de la vacunación irregular de funcionarios públicos, cuyo caso
es conocido como “Vacunagate”, y continuaron en el mismo proceso de vacunación
como son: desactualización de los padrones de beneficiarios, pérdida de
vacunas, vacunación irregular de personas, inadecuada gestión de residuos
biomédicos, entre otros.
“Sin duda alguna, todas las
irregularidades que hemos detectado a lo largo de este primer año, debe ser la
base para poder desarrollar los controles posteriores que permitan deslindar
responsabilidades en esos malos funcionarios públicos que han cometido
irregularidades y tendrían responsabilidad administrativas, civiles y penales”,
agregó.
Durante el primer año del Estado
de Emergencia por la COVID-19 en Perú se realizaron 114 informes de control posterior,
de los cuales en 74 informes se plantearon observaciones o problemas en el
manejo de recursos por S/ 68 763 797, de un monto examinado que ascendió a S/
180 005 888.
“Tenemos a 377 funcionarios de los tres
niveles de gobierno involucrados en esas irregularidades detectadas en el
control posterior”, enfatizó.
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