EL
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA ESTARÍA APOYANDO LA CANDIDATURA DE SU ESPOSA, PESE A
ESTAR PROHIBIDO
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica solicitó al Ministerio Público evaluar el inicio de investigaciones penales contra 16 funcionarias y funcionarios del Gobierno Regional que estarían vulnerando de manera constante el principio de neutralidad electoral, con publicaciones en sus redes sociales o difundiendo propaganda electoral a favor de la esposa del gobernador regional, quien es candidata en una lista parlamentaria.
A
través de un documento dirigido a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Ica,
la Defensoría del Pueblo trasladó la lista del personal de confianza y de
distintas áreas que han sido identificadas por realizar actos proselitistas de
manera frecuente, infringiendo el deber de neutralidad de acuerdo a la Ley
n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; la Ley N.° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones; la Resolución N.° 0306-2020-JNE, Reglamento de
Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral; y
el Decreto Supremo N.°199-2020-PCM, disposiciones sobre neutralidad de
funcionarios/as y servidores públicos durante el periodo electoral 2021. Este
deber esencial exige a toda autoridad, funcionario/a o servidor/a público,
independientemente de su régimen laboral, actuar con imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral.
La
lista es encabezada por el propio gobernador regional, Javier Gallegos, quien
no solo habría compartido mensajes a favor de la candidatura de su esposa en
los diferentes grupos de WhatsApp que mantiene con representantes de otras
instituciones, sino también habría difundido propaganda política expresa y
audios en los que se alienta a votar por su cónyuge.
El
cuadro del personal que vendría actuando de manera similar lo integran, además,
funcionarias/as de confianza de distintos despachos del Gobierno Regional y de
entidades adscritas, así como personal contratado bajo la modalidad de locación
de servicios, quienes cumplirían el mismo rol de apoyar la referida
candidatura. Según pudo observarse, los referidos funcionarios comprarten
propaganda electoral en sus perfiles de WhatsApp y Fa-cebook de forma similar y
sistemática; y formulan comentarios de apoyo en las redes sociales.
Al
ser una conducta reiterativa que podría enmarcarse también en un presunto
delito, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge
Hernández, señaló que es necesario que el Ministerio Público inicie las investigaciónes que considere
pertinentes. En ese sentido, explicó que el artículo 385° de la Ley Orgánica de
Elecciones plantea una pena privativa de libertad de hasta seis años para
quien, abusando de su cargo público, realice algún acto que favorezca a una
candidatura.
“La
conducta ilícita podría estar constituida por el solo hecho de sugerir o
conminar al personal bajo su cargo para que efectúe labores de apoyo a una
determinada candidatura en redes sociales y otros medios”, sostuvo Hernández,
quien indicó que las presuntas conductas ilícitas deben ser investigadas y
determinadas por el Ministerio Público.
Cabe
indicar que la Defensoría del Pueblo viene desempeñando una ardua labor en
todo el país, recordando a las autoridades y funcionarios de entidades su
obligación de cumplir con el deber de neutralidad electoral. En un
pronuncia-miento emitido en noviembre último, la entidad precisó que este
principio constitucional debe ser acatado a fin de garantizar el libre
ejercicio al sufragio y los derechos de participación ciudadana, de forma tal
que la formación del voto no se vea distorsionada por acción directa o
indirecta del Estado.
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