Se ha registrado uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública Manifestantes y personal policial resultaron heridos.
N° 022/DP/2020
La Defensoría del Pueblo desarrolló, a nivel
nacional, una supervisión sobre el desarrollo de las movilizaciones sociales
acontecidas el 12 de noviembre.
En
ocho regiones de país se registraron hechos violentos, siendo los más
graves los ocu-rridos en la ciudad de
Lima.
Los
enfrentamientos ocurridos en la capital entre manifestantes y policías se
prolongaron por más de cinco horas dejando 19 personas heridas entre civiles y
policías. Tres ciudadanos participantes en las manifestaciones fueron
impactados por proyectiles de armas de fuego, encontrándose por determinar si
fueron lesionados por perdigones, balas o similares.
Dada
la gravedad de estos hechos, demandamos la inmediata intervención del
Ministerio Pú-blico siendo ello necesario para garantizar el correcto
desarrollo de las investigaciones que de-terminen la responsabilidad de quienes
hicieron uso de dichas armas.
Las y los comisionadas/os defensoriales reportaron 18 personas detenidas
en dependencias policiales. La intervención institucional se ha dirigido a
preservar su integridad y garantizar el debido proceso.
En
todos los lugares donde se registraron movilizaciones, la Defensoría del Pueblo
recordó a la Policía Nacional del Perú los límites existentes sobre el uso de
la fuerza. Además se emitieron comunicados públicos reiterando la necesidad de garantizar
el derecho a la manifestación política [1]. No obstante, se registraron hechos
que evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional.
Consideramos que los actos de violencia por parte de un reducido grupo
de manifestantes, de ningún modo pueden justificar el incumplimiento de los
deberes de protección que la Constitución asigna a las autoridades policiales.
La
inadecuada intervención mencionada se refleja en la utilización
desproporcionada del gas lacrimógeno, las detenciones realizadas por personal
policial sin identificación, así como en la utilización de escopetas de
perdigones disparadas contra los manifestantes.
Los resultados de nuestra supervisión
evidencian que las autoridades del orden utilizaron gas
lacrimógeno en inmediaciones de áreas
residenciales y de hospitales, como el Hospital del Niño siendo ello prohibido
e inaceptable pues coloca en riesgo la vida y la salud de las personas.
Igualmente, advertimos la participación de personal policial vestido de
civil, en diferentes manifestaciones y sin portar identificación alguna,
realizaron detenciones de personas.
Cabe recordar que la identificación de
agentes estatales es fundamental para el reconocimiento de quien es la persona
que detiene, si tiene autoridad para hacerlo; y para la seguridad de la persona
detenida que está en el derecho a saber quién lo detiene, porqué es detenido y
dónde va a ser conducido.
Como Defensoría del Pueblo precisamos nuevamente que el uso de la fuerza
debe hacerse de manera racional, necesaria y proporcional tal como lo señalan
las leyes, reglamentos y los instrumentos internacionales de la Organización de
las Naciones Unidas.
Es
responsabilidad de los mandos garantizar que las operaciones de
restablecimiento del orden interno se hagan respetando los derechos de ciudadanas
y ciudadanos.
Nuestra institución viene monitoreando a nivel nacional la situación de
las personas heridas.
Desde
muy temprano nuestro personal se ha desplazado a los hospitales para garantizar
que reciban atención médica oportuna. Del mismo modo, intervenimos en las
comisarías para cautelar los derechos a la integridad y al debido proceso de
las personas detenidas.
Hemos solicitado al Ministerio Público investigar los excesos reportados
a fin de establecer las responsabilidades penales del caso.
En
el mismo sentido, se ha solicitado al Ministerio del Interior desarrollar las
investigaciones administrativas disciplinarias correspondientes.
Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las autoridades a no
estigmatizar a ciudadanas y ciudadanos que libremente deciden manifestarse pacíficamente.
Defensoría del Pueblo
13 de noviembre de 2020
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