Advirtió el Contralor General Nelson Shack
El contralor general, Nelson Shack, advirtió que la sensación de
impunidad se notará en la ciudadanía cuando no se sancionen a funcionarios que
han cometido actos de corrupción o inconducta funcional, y en especial en el
período de la Emergencia Sanitaria Covid-19, por lo cual reiteró su exhortación
al Congreso de la República, de devolverle a la Contraloría la capacidad sancionadora
reconocida constitucionalmente.
Fue durante su presentación ante la Comisión Especial de
Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres del Congreso de la
República, ante la cual precisó que la ciudadanía conocerá -mediante los informes
de control- de los casos irregulares cometidos, incluso durante la pandemia,
así como quiénes los han perpetrado, y reclamará sanciones oportunas, sin
embargo, éstas en muchos casos no se darán.
“No podemos permitir, menos justificar, que los responsables de un acto
irregular queden exentos de sanción”.
“Cuando se empiecen a publicar los resultados del control posterior
en Huancavelica y en todo el país, la ciudadanía conocerá quiénes son los
funcionarios que han cometido irregularidades, inconductas funcionales en el
ejercicio de su función o incluso ilícitos penales que merecen ser sancionados,
pero ahí vendrá el problema, por la gran sensación de impunidad que todavía
existe, ya que la Contraloría hoy tiene re-cortadas sus capacidades para sancionar
administrativamente a nadie”, alertó.
Esta incapacidad, recordó, fue ocasionada por una sentencia del
Tribunal Constitucional (TC) desde abril del 2019, por lo cual exhortó al
Congreso a priorizar el debate y la aprobación de la ley que devuelve la capacidad
de sanción a la Contraloría.
“Es necesario que se apruebe el proyecto de ley que hemos
presentado al Congreso, incluso, en una versión actualizada, en donde se han
incluido las infracciones sobre el tema de la pandemia”, agregó.
Al mismo tiempo, dijo que “no solo se trata de sancionar a quienes
hacen mal las cosas, sino también a quienes no ejecutan oportunamente las
decisiones. La omisión en las funciones, la no ejecución apropiada del gasto y
el retraso injustificado en la ejecución de bienes y servicios públicos que la
ciudadanía necesita, también debe ser sancionado y en consecuencia los
responsables inhabilitados o suspendidos de su función”.
Servicios de control en Huancavelica
De otro lado, informó que la Contraloría realizó 211 servicios de
control en entidades del gobierno nacional, regional y local de Huancavelica,
durante la Emergencia Sanitaria, a fin de supervisar el uso de los recursos
públicos para mitigar los riesgos por el Covid-19 en este departamento. Las
intervenciones alcanzaron a las siete provincias con las que cuenta la región,
así como en 85, de los 93 distritos existentes.
Entre las principales intervenciones, se encuentra la realizada en
el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica. En los tres informes de
control emitidos al respecto, se advirtió que el penal no cuenta con personal
médico ni medicinas necesarias para una adecuada atención de internos y
trabajadores contagiados con Covid-19.
La posta médica del penal solo cuenta con una técnica en
enfermería. Además, el ambiente acondicionado para el aislamiento de internos
con Covid-19 no cumple con los parámetros mínimos establecidos en la directiva
sanitaria. Tampoco cuentan con suficientes pruebas rápidas para tomar muestras
al personal del INPE e internos.
El penal se encuentra hacinado, ya que alberga a 239 reos cuando
solo tiene una capacidad de infraestructura para 100, lo cual pone en riesgo de
infección al personal del INPE y los reos. Además, se distribuye alcohol en gel
sin registro sanitario y mascarillas descartables defectuosas.
Los informes de control han sido notificados a las autoridades
penitenciarias para que adopten las acciones correctivas pertinentes que
garanticen una adecuada atención de salud a internos y a los trabajadores del
penal.
Perjuicio económico en Municipalidad de Roble
De otro lado, se informó que la Contraloría General detectó un
presunto perjuicio económico por más de S/ 30 mil en la Municipalidad Distrital
de Roble, provincia de Tayacaja, por la no distribución de canastas básicas al
64% de la población vulnerable de esa zona perteneciente al valle de los ríos
Apu-rímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2020-OCI/0397-AOP,
advierte que la municipalidad distrital
recibió S/ 50 000 para realizar la adquisición y distribución de
productos de primera necesidad, pero que no habría entregado las canastas
básicas al 64% de los beneficiarios reportados ante la Contraloría, generando
un presunto perjuicio económico por S/31 888.
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