· INDICÓ
QUE CON LA PRÓXIMA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS SE IDENTIFICARÍAN
RESPONSABILIDADES QUE PROBABLEMENTE NO SEAN SANCIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE
El contralor general, Nelson Shack, afirmó ayer que es necesario que la
Contraloría recupere su capacidad para sancionar administrativamente a funcionarios
y servidores públicos que incurran en inconducta funcional o actos de
corrupción, sobre todo por los casos identificados durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
“Apenas termine la cuarentena, iniciaremos el control posterior, en base a
los servicios de control simultáneo que venimos realizando, y en ellas es
probable que se determinen responsabilidades de los funcionarios públicos
durante esta etapa de emergencia, pero la Contraloría no va a poder sancionar a
nadie a menos que se apruebe la ley que restituye nuestra capacidad sancionadora”,
aseveró Shack Yalta, quien solicitó al Congreso la revisión prioritaria del
dictamen que aprobó el proyecto presentado anteriormente por la entidad
fiscalizadora de control.
Indicó que mientras no se pueda sancionar a los malos funcionarios y
servidores públicos, la sensación de impunidad será grande en la población.
Cabe recordar que el pasado 29 de abril se cumplió un año de la presentación
del proyecto de ley que busca restablecer la capacidad sancionadora a raíz del
fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC). Hasta diciembre del 2019 más
de 15 mil funcionarios públicos no fueron sancionados debido a los efectos del
fallo.
Ante la sesión virtual de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias
y gestión de riesgos de desastres COVID-19 del Congreso de la República, el
Contralor General anunció que, continuando con el control integral en la
emergencia sanitaria, en las próximas semanas se realizará la supervisión a los
penales, a la gestión de los residuos sólidos, así como a las ferias
itinerantes para la venta de los productos agrícolas.
También se concluirán en los siguientes días los operativos en las
comisarías de Lima y Callao, en las plantas de las unidades de transporte
público a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la distribución
de canastas básicas para la población vulnerable. En las regiones se
continuarán con las labores de control simultáneo que se vienen desplegando
desde marzo último.
Respecto al transporte público señaló que “una de nuestras preocupaciones
es cómo evitar que este servicio se convierta en un foco de contaminación,
sobre todo cuando concluya la cuarentena. En esa línea, venimos verificando en
numerosas visitas la falta de supervisión así como las deficiencias en el
proceso de desinfección y limpieza, donde hemos identificado aspectos relevantes
que deben corregirse y superarse a la brevedad”.
INFORMES DE CONTROL
Asimismo, Shack Yalta señaló que a la fecha su institución ha publicado más
de 1,400 informes de control correspondiente a los tres niveles de gobierno
(Nacional, regional y local), los cuales se encuentran publicados en el portal
web de la Contraloría, como muestra de la política de transparencia institucional.
Precisó que la estrategia de control de la Contraloría en el marco del
COVID-19 comprende llegar hasta junio con cerca de 2,000 servicios de control y
la emisión de 4,500 informes de control (orientaciones de oficio, visitas de control
y control concurrente).
DECLARACIONES JURADAS
Durante la sesión, el Contralor aseveró que su institución está en
capacidad de poder recibir todas las declaraciones juradas de intereses de los
congresistas, en la medida que se haga a través del sistema virtual
implementado por el ente de control.
“El Congreso ha dispuesto que las declaraciones juradas de los funcionarios
de la organización y servicio parlamentario se hagan a través del sistema de la
Contraloría”, refirió. No obstante, señaló que sería muy importante que el
Poder Legislativo haga una precisión similar en el caso de los congresistas, y
que, además, considere como parte de los deberes funcionales,
la presentación de ésta en dicho sistema.
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