En hechos detectados a los Municipios del país, también se detectó
que 86 municipalidades (15% del total) tienen deficiencias en la fase de
almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin
documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar
los víveres antes de ser distribuidos.
Otro hecho detectado por los auditores, de acuerdo al Informe de
Prensa N° 213-2020 CG/GCOC, fueron las deficiencias en los productos adquiridos
por 33 municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias
en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta
de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones,
entre otros.
Por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa (región
Junín) un equipo de auditores de la Contraloría advirtió que un proveedor
entregó cerca de 38 kilos de lentejas en mal estado, ya que contenían hongos y
por eso este producto sea separado oportunamente para que no sea utilizado en
el armado de las canastas de víveres.
Asimismo, se detectó falta
de información en las órdenes de compra y en la calidad de los productos
adquiridos por la Municipalidad Provincial de Chepén, en la región La Libertad,
para la elaboración de canastas familiares, generando el riesgo de la
autenticidad del origen, seguridad del empaquetado y calidad de los alimentos,
pudiéndose afectar la salud de la población beneficiada.
En Lima, la labor de control de la Contraloría permitió alertar que
en el distrito de San Juan de Lurigancho había 20 canastas que tenían menos productos
de lo establecido, lo cual fue advertido a la municipalidad para que el
proveedor cumpla con completar el contenido de dichas canastas.
Mientras que el 32% (179) de municipios se encontraban, al momento
de la visita de los auditores, en la fase de implementación de los procesos de
adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables
beneficiarias, siguiendo lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 033-2020.
Mientras que 15 municipalidades (3%) culminaron con la distribución de canastas
de víveres.
En menor
medida, pero no menos importante, son los casos de sobrevaloración de precios
de víveres adquiridos, la ausencia
de funcionarios que imposibilitó realizar las visitas de control, proselitismo
en la entrega de canastas y la entrega de canastas a familiares de autoridades
y funcionarios ediles, lo cual será establecido en los respectivos informes de
control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.
A NIVEL NACIONAL
Sólo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao,
los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre
las cuales figuran dos municipios provinciales y 48 distritales. Al interior
del país, la mayor cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en
San Martín (57), Puno (43), Cusco (43), Piura (39), Arequipa (38), Huancavelica
(32), La Libertad (30) y Lambayeque (25).
También se supervisaron municipios en Amazonas (19), Ayacucho (19),
Apurímac (17), Ica (17), Lima Provincias (17), Junín (16), Ancash (15), Tacna
(12), Cajamarca (12), Pasco (11), Tumbes (11), Ucayali (9), Moquegua (9),
Huánuco (8), Madre de Dios (8) y Loreto (4).
El servicio de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19
consistió en el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales
de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las
autoridades dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el
almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan.
La labor de los auditores, entre otros aspectos, también consistió
en recordar a las autoridades ediles y funcionarios a cargo de los procesos de
adquisición y distribución de canastas el cumplimiento de los lineamientos
establecidos Contraloría, los cuales son de conocimiento público.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben
garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el
volumen de productos entregados a las familias beneficiarias. Del mismo modo,
todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales deberán estar
orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no
serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la
población para favorecer a autoridades u organización política en particular.
Asimismo, los auditores de la Contraloría están apoyando a las autoridades
ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la
Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema
Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria
2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron con este
requisito establecido.
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