Tribunal
Constitucional no ha medido los efectos del vacío de su sentencia
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS QUEDARÁN SIN SANCIÓN ADMINISTRATIVA DEBIDO A VACÍO LEGAL
GENERADO
El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas (TSRA), Enrique Aguilar, manifestó que la suspensión de su
potestad sancionadora administrativa concretará la impunidad en casos
emblemáticos de corrupción pero también aquellos en donde la Contraloría
determinó inconductas funcionales, en los que están involucrados más de 15
mil funcionarios y servidores públicos.
“En julio están por caducar los casos de 65 ex funcionarios que
involucran S/ 9 millones, sumado a los 110 casos de otros ex funcionarios que
ya caducaron en mayo y junio último que representan más de S/ 28 millones,
estamos hablando de S/ 37 millones de soles de perjuicio económico al Estado”,
alertó Aguilar.
Como se recuerda, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido
el 28 de abril del 2018, pero publicado un año después, el 26 de abril del
2019, reconoció constitucionalmente la capacidad sancionadora pero, a la vez,
dejó sin efecto el catálogo de sanciones administrativas del Organismo Superior
de Control. Se solicitó una aclaración para que se especifiquen los alcances de
la misma, lo cual debió resolverse en dos días de acuerdo al Código Procesal
Constitucional. Sin embargo, han transcurrido más de dos meses y sigue
pendiente, mientras que varios casos emblemáticos más podrían caducar.
“La sentencia del TC reconoció la constitucionalidad de la capacidad
sancionadora de la Contraloría pero la debilitó al dejar un vacío normativo
para los procesos administrativos sancionadores (PAS) que ya estaban
encaminados y que se extiende ahora a los que estaban por ingresar, producto de
las auditorías realizadas”, explicó el titular del TSRA.
Aguilar advirtió que otra consecuencia del fallo del TC, es que no
solo atan de manos a la Contraloría para luchar contra la corrupción, sino que
a la fecha, 300 ex funcionarios que fueron sancionados con anterioridad a la
publicación de la referida sentencia, están solicitando al Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas la anulación de la medida impuesta con el
propósito de ser repuestos en sus cargos. A la vez, estos casos podrían llegar
a judicializarse y constituir un gasto más para el Estado.
Entre los principales casos que podrían quedar impunes o sin
sanción administrativas, tenemos los siguientes:
OBRA
CONSTRUCCIÓN VÍA COSTA VERDE
Presunta responsabilidad PAS en 16 funcionarios y servidores del
Gobierno Regional del Callao. Se detectó perjuicio económico de más de S/ 46 millones
debido a la aprobación de sucesivos adicionales de obra para implementar
aspectos sin sustento técnico; asimismo, se convocó a la licitación de esta
obra sin contar con la disponibilidad física del terreno; ambos aspectos
implicaron mayores plazos, gastos de ejecución y mayores pagos; más aún, en la
obra hay trabajos ejecutados sin la calidad de las especificaciones técnicas y
normativas, generando un pago que no correspondía. Caducó: 23/06/2019
SERVICIO DE
LIMPIEZA MUNICIPAL PÚBLICA DEL CALLAO (ESLIMP-CALLAO).
En dos auditorías se halló presunta responsabilidad PAS en 11
funcionarios. Se evidenció perjuicio económico por cerca de S/ 60 millones por
servicios de recolección de residuos sólidos que no se brindaron y que se
pagaron en forma irregular. Caso está en primera instancia.
TRAMO 2 DE LA
LÍNEA 1 - METRO DE LIMA.
Presunta responsabilidad PAS de 13 ex funcionarios de la Autoridad
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, quienes
habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones. Caso está
en primera instancia.
Finalmente, el presidente
del TSRA hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que emita cuanto antes
la aclaración sobre su fallo; así como al Congreso de la República para que
priorice en el Pleno el debate y aprobación del proyecto de ley que tipifica
las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa, lo que
permitirá restituir la potestad sancionadora de la Contraloría, y que sin medir
las consecuencias, motivó el Tribunal Constitucional.
Enrique Aguilar, presidente del Tribunal Superior de responsabilidades Administrativas (TSRA) |
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