Durante
su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la
República, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, anunció que el Ejecutivo
transferirá las funciones de control político y designación de los gobernadores,
que dependen de la Dirección de Gobierno del Interior (MININTER) a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Una medida que habría sido tomada
en reacción a diversas denuncias en los medios de comunicación contra varios
gobernadores que estarían envueltos en acciones violentas o que poseen
antecedentes penales. En el Perú existen 26 gobernadores regionales, 160
provinciales y 1,643 distritales, los cuales representan al Presidente de la
República y al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción. Las funciones
generales principales de estas autoridades son: registrar y canalizar las
denuncias ciudadanas sobre violaciones a los derechos humanos, otorgar
garantías personales a personas naturales y jurídicas, coordinar con los tres
niveles de gobierno acciones dirigidas a prevenir y controlar actos que atenten
contra la salud, las leyes del Estado, además de recibir quejas y denuncias de
la población y derivarlas a los órganos estatales competentes, entre otras. El
gobernador de Puno, René CalsínAnco, afirma que este cambio de dependencia
traerá consigo muchos aspectos positivos.“En primer lugar va a posibilitar que
el gobernador tenga más facilidades y una representación más directa, porque
tendrá llegada inmediata al Ejecutivo. Antes, en cualquier situación teníamos
que comunicar y depender expresamente del MININTER y a través de ellos recién
ser derivados a la PCM. Con el Ministerio del Interior teníamos muchas
restricciones, ahora, incluso habrá mayores recursos y eso permitirá un mejor trabajo.
Probablemente también se nos agreguen más funciones, creo que todo esto será
positivo”. En el caso de Ayacucho, el gobernador Daniel Roca Sulca, refirió que
este cambio resulta significativo porque al contar con mayores recursos
económicos, la PCM podrá mejorar las condiciones de las gobernaciones además
que el trabajo de los gobernadores se articulará de mejor manera al gobierno
nacional. "Este tipo de acciones permitirán mejoras en varios aspectos,
porque las gobernaciones han estado abandonadas, no se tenía conocimiento de
muchas acciones y la importancia del cargo. Se debe entender que los recursos
para temas de logísticos y remuneraciones son muy reducidos a pesar que los
gobernadores cumplen funciones importantes”, dijo. También recordó que cuando
estaban vigentes las prefecturas, éstas eran dotadas de mayor logística, lo
cual generaba mejores condiciones para cumplir sus funciones, pero esto se
redujo en el gobierno de Alan García que las desapareció y les dio su nueva
denominación. El gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, sostuvo que estos cambios
significan una posibilidad de mejorar el desempeño del trabajo. “Para nosotros
este cambio implica mayores retos y la posibilidad de fortalecer la presencia
del gobierno nacional en cada uno de los espacios territoriales”. Hernández
también recuerda la medida adoptada por García. “Se dejaron muchos vacíos normativos
en cuanto a las funciones de los gobernadores y con limitaciones
presupuestales. Los gobernadores representaban al Estado, pero sin mayor
capacidad y ahora, lo que se busca es que los gobernadores tengan mayores
facultades para poder hacer más cosas”, refirió.
El
abogado puneño y analista jurídico Miguel Pino Ponce, opinó que esta decisión
es constitucionalmente aceptable, aunque no necesariamente signifique un cambio
sustancial. Sin embargo, espera que se les de mayores funciones de
representación, ya que “las gobernaciones por años siempre han sido figuras
decorativas y diplomáticas, por lo tanto tampoco veo mayor incidencia que pase
de un ministerio a otro”. Además recordó que “si se trata de otorgar garantías,
eso lo puede hacer la propia policía o en todo caso la Defensoría del Pueblo y
si se trata de combatir el delito está el Ministerio Público”, indicó.
Para
Remigio Medina, ex prefecto de Ayacucho, la transferencia de responsabilidades
de control y designación de gobernadores a la PCM, debería obedecer a un
análisis más profundo, porque si se trata de tener mayor control de los
gobernadores, el Ministerio del Interior sería el más indicado ya que tiene
instancias como Inteligencia que proporciona datos e información. Espera que
con este cambio no se les recorte las funciones a los gobernadores.
“Anteriormente, la Prefectura tenía mayor responsabilidad en temas de seguridad
interna y nacional. Se estaba por encima de la autoridad policial y se podía
solicitar informes de Inteligencia sobre movimientos subversivos y decidir
algunas acciones”, explica. También menciona que al pasar las gobernaciones a
la PCM se podrían cambiar algunos roles y constituirse como una autoridad de la
PCM, una especie de “comisionado de la administración pública” dejando de lado
sus labores de representantes políticos del gobierno nacional.En Cajamarca, el
analista político Pedro Sánchez Legrás, sostiene que este cambio forma parte de
la postura centralista que existe en torno a las decisiones políticas y que
significa un retroceso frente al proceso de descentralización. “Hemos visto que
muchas decisiones que antes habían sido descentralizadas ahora se han vuelto a
concentrar y dentro de esta lógica se encuadra este proceso de control del
gobernador, cuando lo correcto y lo normal era que ellos pasen a depender del
gobierno regional que es el ente máximo de las regiones”, dijo.
De
otro lado, la antropóloga Patricia Quiñones, investigadora de la Asociación SER
señaló que: “Ojala no sólo sea una respuesta al escándalo de los últimos días
referidos a gobernadores o tenientes con prontuario o de “dudosa ética”; es
decir, con el fin de calmar las aguas sino que verdaderamente se apunte a una
reestructuración que busque “dignificar la imagen del gobernador” -tal y como
lo indicó el ministro del Interior- y mejorar la situación de las
gobernaciones”. Asimismo, Quiñones muestra su escepticismo: “Surgen preocupaciones
debido a que la PCM se encuentra saturada de organismos que pocas veces cumplen
sus objetivos como ocurrió con el caso de la Secretaría de Descentralización,
antes Consejo Nacional de Descentralización, que, por el contrario, su cambio
no supuso mejoras presupuestales ni políticas. Por ello, creo que no siempre la
solución de traspaso o creación se traduce en escenarios más favorables”,
sostuvo.
Como
hemos visto, desde el punto de vista de los gobernadores consultados este
cambio es percibido como una gran oportunidad para obtener mejores recursos
logísticos y financieros, los que han sido hasta ahora bastante escasos. Así
también consideran que esto mejorara la relación con el Ejecutivo ya que se
conseguiría una relación más fluida con los organismos estatales y el
presidente. Sin embargo, para los analistas consultados este cambio no parece
ser el más adecuado, ni queda claro que es lo que busca el Poder Ejecutivo.
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