En un inopinado y exitoso operativo realizado el lunes 26
de noviembre último, por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades
de Ucayali intervino a la alcaldesa Laura Álvarez García, junto con otros funcionarios
de la municipalidad distrital de Padre Márquez - Tiruntan, por incurrir en el
delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo
genérico.
Las autoridades municipales identificadas como Nelson Romer
Guimaraez Inuma, gerente de la Municipalidad de Padre Márquez; Roger Alfredo
Meza Sáenz, secretario técnico de Seguridad Ciudadana; Javier Ramírez Bardales,
secretario técnico del Comité Distrital de Defensa Civil y Edgar Rodríguez Reátegui,
personal de seguridad en coordinación con la alcaldesa Álvarez García, fueron
intervenidos por los representes del Ministerio Público cuando se hallaban
reunidos en el bar Genachos, con el fin de comprar el voto de la regidora de
oposición, Milagros Isla Sinuiri, y así contar con su apoyo en las sesiones de
Consejo.
En la reunión los malos funcionarios ediles acordaron pagarle
trescientos soles e incluso le habían prometido favorecerla con una dieta
mensual de mil ochocientos soles así como viajes a las comunidades nativas para
que cuenten con los viáticos, respectivos. Todos los implicados fueron
detenidos y conducidos a la comisaría del sector.
En el operativo también se logró intervenir y detener a
Raúl Jaime Santa Cruz Morales, sub gerente de planificación y Zaqueo Valera
Rodríguez, tesorero de la referida municipalidad distrital que se encontraban
en el interior de las Oficinas de Coordinación de Enlace y quienes formarían parte
del grupo de funcionarios que negociaban el voto de la regidora Milagros Isla.
El operativo fue preparado y efectuado por el fiscal provincial
Luis Alberto Lévano Ojeda con la colaboración y participación de los fiscales adjuntos
provinciales Christian Omar Rayme Ruiz, Gomer Tuval Santos Gutiérrez, Analía
Mabel Rojas Elespuro y Aparicio Contreras Quintanilla, en coordinación con la Policía
Anticorrupción y la Procuraduría Pública Anticorrupción quienes intervinieron a
los funcionarios y trabajadores ediles luego de recepcionar una denuncia de la
regidora Isla Sinuiri en contra de ellos.
Tras las diligencias, el fiscal Lévano Ojeda dispuso la formalización
de investigación preparatoria ante el Juzgado de Investigación Preparatoria,
para determinar las responsabilidades del caso y el requerimiento de prisión
preventiva para algunos de los funcionarios intervenidos.
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL MINISTERIO PÚBLICO
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