Medida forma parte del pedido de facultades legislativas presentado al Congreso para reformar el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad ciudadana.
El Gobierno, propone trasladar
a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre
ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares
temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en
desuso.
La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control
de los internos de mayor peligrosidad.
Según información del Sistema de Información Estadístico
Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas
por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con
sentencia efectiva.
En ese sentido, la propuesta contempla identificar espacios
adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera
segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos
violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que
el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en
desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad.
Más control para los delitos más graves
El paquete de medidas también plantea restringir beneficios que
permiten reducir las penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión,
sicariato y secuestro.
Asimismo, ante el déficit de personal del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE), que actualmente cuenta con poco más de 7000 agentes, se
propone autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas
Armadas en el resguardo externo de los establecimientos penitenciarios. Con
esta medida, el personal del INPE podrá concentrarse en mantener el orden y la
seguridad dentro de los penales.
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