El Fiscal Adjunto
Provincial Jhonathan Alonso Cruz Cutty, del Primer Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, obtuvo una condena de 30 años
de pena privativa de la libertad efectiva contra Ricardo R.C. (80), tras
demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de violación sexual de menor
de edad (en grado de consumación y tentativa) y actos de connotación sexual,
en agravio de sus cuatro nietas menores de edad.
La obtención de la máxima sanción permitida por ley para este caso
fue el resultado del sustento del fiscal adjunto provincial Jhonathan Alonso Cruz
Cutty, quien durante el desarrollo del juicio oral presentó pruebas
contundentes y testimonios que acreditaron, más allá de toda duda razonable, la
culpabilidad del acusado en los graves hechos que afectaron la integridad e
indemnidad sexual de las víctimas.
El Periodo de los hechos se cometieron de forma reiterada entre
los años 2017 y 2021 al interior del domicilio familiar, ubicado en el Centro
Poblado San Pedro, en el distrito de Chincha Baja.
El sentenciado, en su calidad de abuelo paterno, se encontraba a
cargo del cuidado y custodia temporal de las menores
mientras los padres salían a cumplir con sus jornadas laborales.
El agresor instrumentalizó esta posición de confianza y la vulnerabilidad de las
víctimas para cometer los ilícitos.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente Zona Norte
de Chincha determinó la sentencia y el pago de S/ 20,000.00 soles por concepto
de reparación civil a favor de las agraviadas.
Aunque los delitos consumados de violación sexual de menores de
edad prevén la sanción de cadena perpetua en la legislación peruana, el órgano
jurisdiccional aplicó la figura legal de la **responsabilidad restringida por
la edad** del sentenciado (conforme a los lineamientos del Acuerdo Plenario N°
1-2023/CIJ-112, fundamento 43.III). Esta norma técnica de la Corte Suprema
establece que, ante dicha condición de edad, el límite máximo sancionador
aplicable es de 30 años de pena privativa de libertad.
Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su firme
compromiso con la persecución penal del delito y la protección de los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que los entornos
familiares de violencia no queden impunes y asegurando el acceso oportuno a la
justicia.
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