Fiscalía de Chincha logra 09 meses de prisión preventiva en flagrancia delictiva contra presunto extorsionador en agravio de mototaxista
El Despacho
Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha,
liderado por el fiscal provincial Alan Saldaña De la Rosa, consiguió que se
dicte 9 meses de prisión preventiva contra L. Gutiérrez, investigado por la
presunta comisión del delito de extorsión en agravio de un mototaxista.
La investigación está a cargo de la fiscal adjunta
provincial Yessebel Ordóñez Cancho, quien sustentó los elementos de convicción
que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación.
De acuerdo con la tesis fiscal, el agraviado fue
víctima del hurto de su mototaxi el pasado 22 de mayo de 2026. Días después,
comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios mediante los
cuales se le exigía la entrega de diversas sumas de dinero a cambio de la
devolución de su unidad vehicular.
Según las investigaciones, el 27 de mayo de 2026 el
presunto extorsionador habría exigido el pago de S/ 400 soles, advirtiendo al
agraviado que perdería definitivamente su vehículo si recurría a la Policía.
Ante las amenazas recibidas, la víctima efectuó una transferencia mediante el
aplicativo Yape al número indicado por el investigado.
Las diligencias realizadas permitieron establecer que,
tras efectuarse la operación, J. Gutiérrez Coronado habría acudido a un agente
BCP ubicado en la ciudad de Pisco para retirar el dinero transferido. Asimismo,
la propietaria del establecimiento reconoció plenamente al investigado durante
una diligencia de reconocimiento en rueda, señalándolo como la persona que
cobró el monto depositado.
El Ministerio Público sostiene que el investigado
habría actuado con la participación de otras personas aún no identificadas,
por lo que las investigaciones continuarán con la finalidad de determinar la
totalidad de los responsables y esclarecer plenamente los hechos.
Con esta medida coercitiva, el Ministerio Público
reafirma su compromiso de combatir los delitos de extorsión y proteger a la
ciudadanía frente a actos que afectan la seguridad y el patrimonio de las
personas.
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