El Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de Ica, a cargo del juez Malvis Verdi Granda Dong, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde distrital de Sunampe - Chincha, J. Rojas V., y otros once investigados, por la presunta comisión del delito de colusión con agravante de ser integrante de una organización criminal, previsto y sancionado en el artículo 384° del Código Penal, primer párrafo e inciso 1° del tercer párrafo, concordante con el artículo 317°, incisos 1 y 2 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
La medida coercitiva alcanza a Rojas Valerio (alcalde y
presunto líder), Luis Carlos Girao (gerente municipal), Junior Cornejo (gerente
de Desarrollo Urbano), Wilber Tasayco S., José Luis Castilla, Carlos Salvador
Y., Diana Mendiguete V., Kristopher Luján R., José María Lévano, Carlos
Ramón Castilla, Jhon Andía H. y Emerson
Lévano.
El órgano jurisdiccional concluyó que existen fundados
elementos de convicción que vincularían a los investigados con una presunta
organización criminal enquistada en la Municipalidad Distrital de Sunampe desde
el año 2023, dedicada al direccionamiento sistemático de procesos de
contratación pública a favor de empresas constructoras, ocasionando un
millonario perjuicio al Estado.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, se habrían
identificado más de 45 procesos de selección presuntamente adjudicados de
manera irregular, así como flujos de comunicación, testimonios y documentación
incautada que evidenciarían una estructura jerarquizada y reparto de funciones
entre los implicados.
El plazo de 18 meses de prisión preventiva, que rige
desde la fecha de captura, el 20 de
enero de 2026, y vencerá el 19 de julio de 2027; fue fijado por el
juzgado con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de una investigación
declarada compleja y evitar posibles actos de obstaculización.
Asimismo, el juzgado declaró infundado el requerimiento
de prisión preventiva contra Isabel Lliuya H. y Giovanna Anchante,
imponiéndoles comparecencia con restricciones y caución económica de S/ 5,000
soles a cada una, al acreditarse arraigo familiar, domiciliario y laboral.
También se dispuso la ubicación y captura de Luis Carlos Girao y José María
Lévano M., quienes se encuentran en condición de no habidos.
La Corte Superior de Justicia de Ica reafirma su firme
compromiso con la legalidad, la lucha contra la corrupción y la defensa de los
intereses del Estado, garantizando procesos transparentes, decisiones
debidamente motivadas y el respeto irrestricto al debido proceso. Porque en un
Estado de Derecho, la justicia prevalece.
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