La propuesta normativa tiene como objetivo orientar el uso responsable de los dispositivos móviles, bajo criterios educativos, pedagógicos y de sana convivencia escolar
El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el
proyecto de Reglamento de la Ley N° 32385, que establece disposiciones para
regular el uso de teléfonos celulares inteligentes y otros dispositivos
electrónicos similares en las instituciones y programas de la Educación Básica,
tanto públicas como privadas, en todo el país.
El proyecto de
reglamento no prohíbe el uso de los dispositivos móviles, sino que propone una
regulación orientada a asegurar que su utilización responda a fines
estrictamente educativos y pedagógicos, contribuyendo a mejorar la atención,
el rendimiento escolar y los aprendizajes, así como a fortalecer la convivencia
y la socialización entre los estudiantes.
La propuesta
promueve ambientes educativos saludables que favorezcan el desarrollo integral
de niños y adolescentes, y busca prevenir situaciones de riesgo asociadas al
uso inadecuado de la tecnología, como el ciberacoso o la sobreexposición a
contenidos no pertinentes durante la jornada escolar.
De acuerdo con el proyecto, las instituciones educativas deberán establecer en sus reglamentos internos criterios claros para el uso de los dispositivos móviles durante el horario de clases y en los distintos espacios de la institución, considerando las características del servicio educativo y las necesidades de la comunidad escolar. Estas disposiciones contemplan excepciones debidamente justificadas, como el uso con fines educativos, pedagógicos, de salud, por discapacidad o en situaciones de emergencia, conforme a los instrumentos de gestión institucional y los protocolos correspondientes.
Asimismo, el
reglamento reconoce contextos específicos en los que el servicio educativo se
brinda mediante dispositivos electrónicos, como el Servicio Educativo
Hospitalario, garantizando la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.
Con la publicación del proyecto, el Minedu
convoca a la ciudadanía, a las comunidades educativas, a especialistas y a las
entidades públicas y privadas a presentar aportes, comentarios y sugerencias
durante un plazo de 30 días calendario, con el propósito de enriquecer y
fortalecer el reglamento, asegurando que responda a la diversidad de realidades
del sistema educativo y a las necesidades de los estudiantes.
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