Pese a no ser propietarios entregaron 9 mil metros cuadrados a club de futbol sin recibir ningún beneficio
La Contraloría
General de la República - CGR detectó que el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Catalina Buendía de Pecho, cedió de forma irregular un
predio del Estado de 9000 metros cuadrados a un particular, pese a que dicha
potestad correspondía únicamente al Ministerio de Educación (MINEDU) por ser el
propietario del terreno. Este hecho pone en riesgo la construcción de una nueva
infraestructura en beneficio de la mencionada casa de estudios.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.°
012-2025-2-0723-AC cuya evaluación se llevó a cabo en el periodo del 1 de mayo
del 2019 al 30 de abril del 2025 se señala que la casa de estudio superior
firmó un convenio que cedió por siete años el predio de propiedad del MINEDU a
una asociación privada para que instale un campo deportivo sin cumplir con los
requisitos previstos de acuerdo a ley que señala etapas administrativas como la
solicitud formal del interesado, el informe técnico-legal y el documento de
aprobación que analiza cuál sería el beneficio económico y social para el
instituto público.
Luego de la
suscripción del referido convenio, la asociación particular firmó por su parte
otro convenio en el que cede el terreno del Estado a un club de futbol desde
enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2025, con opción a renovar. A
partir de tal fecha, el campo es usado exclusivamente por el club, donde
funciona su academia de futbol para menores, sin que el instituto público
reciba beneficio alguno.
Cabe señalar que la casa de estudios requiere ahora la
liberación del predio porque en ese lugar se plantea desarrollar un proyecto
de inversión orientado a mejorar su infraestructura educativa, el cual ya está
en proceso de formulación por el Ministerio de Educación. Al respecto, el
equipo técnico de la CGR identificó presunta responsabilidad penal y
administrativa en dos funcionarios.
El resultado de esta auditoría de cumplimiento fue
comunicado a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para
que inicie las acciones legales que correspondan; así como al titular de la
Dirección Regional de Educación y del ISTP Catalina Buendía de Pecho.
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