Medida tendrá una vigencia de 60 días y contribuirá a la ejecución de acciones inmediatas de reducción del riesgo en zonas expuestas a intensas precipitaciones.
Como parte del
compromiso con la protección de la población y sus medios de vida, el Ejecutivo
declaró el estado de emergencia en 134 distritos de diversas provincias de las
regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y
Tumbes, ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales.
En la región Ica, están comprendidos los distritos de
La Tinguiña, San José de los Molinos, y Santiago. En la provincia de Pisco está
Huáncano.
La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y
permitirá la ejecución de acciones inmediatas orientadas a reducir el riesgo
existente, así como a desarrollar labores de respuesta y rehabilitación que
correspondan, con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de las
personas, además de mitigar los impactos en actividades productivas como la
agricultura y la ganadería.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM y comprende distritos que, de acuerdo con los informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), presentan una alta exposición a escenarios de riesgo asociados a lluvias intensas, conforme a la información emitida por entidades especializadas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Según la norma, los gobiernos regionales y locales comprendidos
deberán ejecutar las acciones dispuestas con la coordinación técnica y el seguimiento
del Indeci, y con la participación de los ministerios de Salud, Educación,
Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa,
Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otras entidades públicas y
privadas, de acuerdo con sus competencias.
El decreto precisa que las intervenciones deberán mantener
relación directa de causalidad con el evento que motiva la declaratoria.
Asimismo, se establece que la implementación de las acciones se financiará con
cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar
recursos adicionales al tesoro público.
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