Medida fue interpuesta por presunta participación en un esquema delictivo que afectó a una empresa de energía solar
La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza
del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de
Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Javier Sánchez, investigado
por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de
estafa y del delito contra la paz pública – banda criminal, en agravio de
Cristian Román Valdivia Siguas, representante de la empresa Ica Solar Energy
S.R.L.
La medida coercitiva fue emitida el 29 de noviembre de
2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada
escuchara y evaluara los fundamentos del Ministerio Público y de la defensa
técnica del imputado, así como la concurrencia de los presupuestos establecidos
en el artículo 268 del Código Procesal Penal.
Según el requerimiento fiscal, el 24 de noviembre, la
empresa Ica Solar Energy S.R.L. recibió una llamada de un sujeto que se
identificó como José Luis Marreros Arias, quien solicitó paneles solares y
otros equipos, enviando un presunto comprobante de pago. La mercadería,
valorizada en S/ 10,000, fue retirada en Ica por Juan Bautista Rojas en el
vehículo de placa W55-746.
El 25 de noviembre, el mismo supuesto comprador solicitó nuevos equipos por S/ 8,400, que fueron recogidos nuevamente por la misma persona. Al verificar los depósitos, el representante de la empresa descubrió que ninguna transferencia había ingresado a su cuenta, por lo que advirtió estar frente a una posible modalidad de estafa previamente denunciada por otros comerciantes.
Ante ello, se coordinó una entrega controlada en la
ciudad de Lima, donde la Policía intervino a Deyfred Javier Sánchez Mijares,
quien iba a recibir la mercadería. Las diligencias policiales dieron cuenta de
denuncias similares vinculadas a los mismos nombres y al mismo modus operandi,
lo que hace presumir la existencia de un grupo de personas que actuaría de
forma organizada para cometer este tipo de estafas.
La resolución judicial ordena el internamiento del
investigado en el establecimiento penitenciario que el INPE designe, medida que
regirá desde el 26 de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 25 de
agosto de 2026, con el fin de asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso
penal.
Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Ica
reafirma su compromiso institucional con la lucha contra los delitos
patrimoniales y la criminalidad organizada, garantizando la tutela efectiva de
los derechos de las víctimas y el cumplimiento de la ley.
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