miércoles, 10 de diciembre de 2025

Juzgado de Flagrancia de Ica dicta 8 meses de prisión preventiva por tentativa de feminicidio y receptación agravada

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica a cargo del juez Jhiner Julián Najarro Laura, impuso la medida de prisión preventiva de ocho meses, contra J. C. Valdez Ayala, por la presunta comisión de los delitos de tentativa de feminicidio y contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.

La medida obedece a la gravedad de los hechos denunciados, en los que se indica que el imputado habría agredido con un arma blanca a su pareja de 17 años, quien se encuentra en estado de gestación de cinco meses. Asimismo, se precisa que la víctima fue objeto de intentos de asfixia y mordeduras durante la agresión. Además, al momento de la intervención, el investigado fue hallado en posesión de un teléfono celular reportado como sustraído por A. Soto, lo que refuerza la imputación en su contra.

El magistrado estableció que la prisión preventiva resulta proporcional y necesaria para garantizar la presencia del imputado durante el proceso, evitar riesgos de fuga y salvaguardar la integridad de la víctima.

La medida fue fijada por un plazo de ocho meses, contados desde su detención el 1 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el 31 de julio de  2026.

Cabe señalar que, la tentativa de feminicidio se encuentra tipificada en el artículo 108-B del Código Penal, complementado por lo dispuesto en el artículo 16 sobre tentativa. Asimismo, el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada está previsto en el artículo 195 del mismo cuerpo legal, lo que fundamenta la imputación formulada contra Valdez Ayala.

En ese sentido, la Corte Superior de Justicia de Ica reafirma su compromiso en la defensa de los derechos fundamentales y en la lucha contra la violencia, destacando la actuación del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, que con firmeza y responsabilidad enfrenta delitos que atentan contra la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, asegurando que la justicia cumpla su rol de protección y sanción en beneficio de la sociedad.

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