Recibieron beneficio por concepto de uniformes de trabajo pese a que no les correspondía, según normativa vigente
La Contraloría
General de la República detectó que funcionarios de la Dirección Regional de
Salud Ica (DIRESA) gestionaron y autorizaron, entre los años 2019 al 2021,
pagos por concepto de uniformes de trabajo a favor del personal que ocupaba
cargos de confianza y/o con poder de dirección, pese a que por normativa
vigente estaba excluido de tal beneficio. Por ello, se ocasionó un perjuicio
económico de S/ 223 250.
La Contraloría General de la República detectó que
funcionarios de la Dirección Regional de Salud Ica (DIRESA) gestionaron y
autorizaron, entre los años 2019 al 2021, pagos por concepto de uniformes de
trabajo a favor del personal que ocupaba cargos de confianza y/o con poder de
dirección, pese a que por normativa vigente estaba excluido de tal beneficio.
Por ello, se ocasionó un perjuicio económico de S/ 223 250.
En el Informe de Control Específico n.°
009-2025-2-0659-SCE, (periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del
2021) se señala que por pacto colectivo se acordó que los trabajadores de la
entidad reciban un pago por concepto de uniformes de trabajo (verano e
invierno) durante los años señalados.
Sin embargo, los funcionarios de la entidad
elaboraron una serie de documentos, como resoluciones y una opinión legal
favorable para beneficio propio y de otros servidores a quienes no les
correspondía recibir el referido pago por el cargo que ocupaban, ya que de
acuerdo al artículo 42 de la Constitución, los funcionarios o directivos
públicos se encuentran excluídos de percibir beneficios derivados de convenios
sindicales.
En el caso del año 2021, de los 26 servidores con
cargo de confianza o puesto de directivo en la entidad, 16 recibieron S/ 3500
por el concepto de uniforme de invierno. Cabe mencionar que se identificó presunta
responsabilidad civil en siete funcionarios por estos pagos irregulares.
El resultado de este informe de control específico
fue comunicado al titular de la entidad, y a la Procuraduría Pública de la
Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales y
determine las responsabilidades que correspondan.
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