El Estado peruano respalda el contrato de concesión del proyecto de la PTAR Chincha, que beneficiará a más de 345 000 pobladores.
En el marco de una política
nacional orientada a mejorar el acceso a servicios básicos, el Gobierno del
Perú ha aprobado el Decreto Supremo N.° 135-2025-EF, mediante el cual se
otorgan seguridades y garantías jurídicas para el proyecto “Tratamiento de
aguas residuales para disposición final o reúso, provincia de Chincha, Ica,
Perú”.
Esta medida permite respaldar las declaraciones, seguridades y
obligaciones asumidas por el Estado, representado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), como concedente del proyecto. El
objetivo es brindar seguridad jurídica a la empresa concesionaria Aqualia PTAR
Chincha S.A.C., encargada de ejecutar y operar la infraestructura.
Es importante destacar que el contrato de seguridades y garantías no implica un aval financiero directo, sino un respaldo legal a los compromisos asumidos por el Estado en el contrato de concesión, a fin de brindar confianza al inversionista y promover la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Esta figura está prevista en la normativa vigente como un mecanismo
legítimo y transparente para proteger inversiones estratégicas, especialmente
en sectores sensibles como el de saneamiento e infraestructura básica.
Como se recuerda, el proyecto se ejecutará mediante la modalidad de
Asociación Público Privada y fue adjudicado formalmente en enero de 2025, tras
un riguroso análisis técnico, legal y financiero. La inversión se realizará en
un plazo de 24 años: 4 corresponden al diseño, financiamiento y construcción, y
20 a la operación y mantenimiento.
El proyecto está valorizado en más de US$ 96,5 millones y beneficiará a
345 000 pobladores de la región al reducir significativamente la contaminación
y mejorar la salud pública, así como promover prácticas sostenibles de gestión
del recurso hídrico.
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