La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete a cargo de la fiscal provincial Ányela Salazar Alca, desplegó acciones preventivas y de verificación en las ciudades de Nasca, El Ingenio y Tulín, en el marco de las movilizaciones por el paro minero.
La intervención se realizó bajo la directiva "Ejercicio de la
Función Fiscal frente al uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza por agentes
responsables de garantizar, mantener y restablecer el orden interno"
(Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 534-2022-MP-FN).
La diligencia tuvo como objetivo principal establecer un acercamiento
tanto con los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica como
con el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargado de mantener el
orden y desbloquear la Panamericana Sur.
Tras los enfrentamientos registrados el 11 de julio de 2025 entre la PNP y los manifestantes, la Fiscalía sostuvo una reunión con el Comandante Operativo de la Región Ica en Nasca, el Comisario de Nasca, el jefe de la AREINCRI Nasca y el Subprefecto de la Provincia de Nasca.
Durante este encuentro, se exhortó a las partes a respetar el derecho a
la protesta pacífica y se recalcó a la PNP la importancia de cumplir con los
protocolos establecidos para el uso de la fuerza policial.
Al día de hoy, las carreteras y accesos a la provincia de Nasca y sus
alrededores se encuentran despejados, con flujo vehicular normal y presencia de
pobladores en manifestación pacífica.
La Fiscalía ha identificado a tres personas detenidas por el delito de
disturbios, cuya situación está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal de
Nasca. Hasta el momento, no se han reportado denuncias de ciudadanos
presuntamente agraviados en el contexto de estas protestas sociales.
La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e
Interculturalidad de Ica y Cañete reafirma su compromiso de proteger los
Derechos Humanos en cualquier circunstancia y continuará realizando acciones de
prevención y acercamiento a la población para garantizar el respeto y la
protección de sus derechos.
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