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Ocho
funcionarios del INS con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°
028-2021-2-0229-AC, cuyo periodo de evaluación va del 1 de marzo de 2020 al 30
de junio de 2021, el INS no advirtió que los citados bienes no se utilizan
para el diagnóstico propiamente del virus SARS-CoV-2, ya que solo detectan
anticuerpos IgM e IgG.
Tampoco hubo un sustento técnico que respalde a la
responsable del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Pública del INS para que solicite la adquisición de una mayor cantidad de
pruebas rápidas Covid-19 en lugar de requerir pruebas moleculares que
identifican la presencia del virus y que están
indicadas para el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad,
según documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio
de Salud (Minsa).
La situación expuesta ocasionó que se hayan
destinado recursos públicos en la adquisición de estas pruebas rápidas, cuyo
uso disminuyó la capacidad de respuesta frente
a los contagios de la enfermedad, que coadyuve a establecer me-didas de
control para evitar la propagación del Covid-19 en el territorio peruano, lo
que contribuyó en la obtención de resultados negativos, en enfermedad y
muerte, durante la pandemia, encontrándose el Perú entre los países de más
alta tasa de letalidad por coronavirus
a nivel mundial.
Pruebas faltantes
De la revisión efectuada a la distribución de las 5
233 346 unidades de pruebas rápidas IgM/IgG Covid-19, se pudo comprobar un
faltante de 71 720 pruebas rápidas, valorizadas en S/ 1 420 218.60, cuyo
destino no ha podido ser explicado.
Cabe señalar que las 5 233 346 pruebas rápidas fueron
recepcionadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud (CENARES) y tenían que ser distribuidas a diversas Direcciones
Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa),
establecimientos de salud, EsSalud, entre otras entidades públicas.
La Contraloría también detectó que el INS, a través
del CENARES, distribuyó 63 100 pruebas rápidas extraídas de lotes que no
cumplían con los parámetros de sensibilidad y especificidad. Esto generó que se
realicen pruebas de diagnósticos con resultados no confíables a los usuarios,
ya que, al no contar con estos porcentajes mínimos de sensibilidad y
especificidad, había una mayor posibilidad de tener falsos positivos y falsos
negativos.
Este hecho se originó debido a que funcionarios del
Equipo de Pruebas Rápidas Covid-19 del INS autorizaron la distribución de
pruebas rápidas antes de realizarse las verificaciones técnicas necesarias para
establecer si estas cumplían con las especificaciones técnicas en lo
relacionado a sensibilidad y especificidad. A lo que se suma la falta de
diligencia del director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles por no haber supervisado al Equipo de Pruebas Rápidas.
Inaplicación de penalidades
El informe de la Contraloría señala también que el
Labora-torio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del INS ratificó la
conformidad e indicó el cumplimiento de obligaciones en la compra de kits para
la detección molecular del SARS CoV-2 (Covid-19) por PCR en tiempo real de baja
producción – semiautomatizado para cuatro regiones del país y dos laboratorios
móviles, sin tomar en cuenta la documentación que evidenciaba un retraso de la
entrega de los equipos necesarios para el procesamiento de muestras.
Bienes no ingresados
El INS también aceptó una guía de remisión de un
proveedor de insumos para realizar el diagnóstico de Covid-19 con fecha
anterior al requerimiento de dichos bienes, y se elaboró el respectivo informe
de conformidad y pecosa (pedido de
comprobante de salida) a pesar que dichos bienes no ingresaron al Almacén
Central del INS ni al Laboratorio de Microbiología y Biomedicina de la entidad,
lo que denotó el interés indebido del personal del INS y evidenció una conducta
contraria a la ley para viabilizar el pago al proveedor.
Presuntos responsables
La auditoría determina presunta responsabilidad
administrativa en ocho funcionarios del INS, de los cuales cuatro también
tienen responsabilidad civil y otros dos tienen responsabilidad penal. Por
ello, se recomienda al titular del INS iniciar las acciones administrativas
para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores
involucrados en los hechos irregulares.
También se recomienda poner en conocimiento de la Procuraduría
Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud (Minsa), el
informe para que inicie las acciones legales contra las personas comprendidas
en los hallazgos de la auditoría.
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